El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó ayer un acuerdo para iniciar un estudio sobre las construcciones rústicas necesarias para las explotaciones agrarias, ganaderas y forestales que están afectadas por el procedimiento de regularización catastral. El objetivo es que durante el próximo año se adopte una decisión sobre los beneficios fiscales que se pueden aplicar para estos recintos y que, en su caso, entren en vigor a lo largo del ejercicio 2018.

A ese punto se llegó tras una enmienda de sustitución del Partido Socialista (PSOE) a la moción de base, de Juan Luis Herrera (XTF-NC), que pedía una bonificación del 95% de la cuota íntegra del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para esas instalaciones. Fue este uno de los asuntos que salieron adelante en una sesión plenaria inusual, por corta (menos de cuatro horas) y por su celebración en viernes, consecuencia de los festivos de esta semana.

Sin propuestas de importancia capital, de esas que centran todas las miradas, el Pleno se tuvo que conformar con instar a la constitución de los distintos consejos de salud y que, posteriormente, se erija una mesa municipal en este campo con representantes de las zonas básicas de La Laguna. Antes habían sido respaldadas dos mociones de carácter institucional: una para el restablecimiento de la honorabilidad de la masonería -con intervención ciudadana, de Carlos Berástegui, de la Gran Logia de Canarias- y otra en contra de la pena de muerte. Y también se estableció trabajar para buscar fórmulas para la puesta en funcionamiento de nuevos urinarios públicos en el municipio.

No corrieron la misma suerte -se quedaron sobre la mesa- dos de los puntos que se presumían entre los más destacados del orden del día: exigir la paralización de las actividades clandestinas en la Montaña de Taco y acordar su recuperación paisajística, por un lado, y la convocatoria de ayudas reembolsables para poner en marcha pymes, con una cuantía global de dos millones de euros, por otro.

El Fdecan da pie a un Parlamento en pequeño

El Fdcan hizo ayer del salón de plenos lagunero un Parlamento de Canarias a escala. Santiago Pérez (XTF-NC) llevaba una moción de rechazo al reparto de los recursos del IGTE, pero el acuerdo previo en la Cámara regional requirió de cambios en su texto, y llevó a que, al más puro estilo de una sesión plenaria en Teobaldo Power, el edil se moviese entre bancadas en busca de una entente para instar al hemiciclo parlamentario a zanjar el asunto y para que La Laguna se adhiriese a la decisión matutina. Ocurrió que el PP y el PSOE veían que lo segundo era repetirse. Y Pérez optó por retirar la iniciativa.

Estatutos de Urbanismo

"No hay razones jurídicas para modificar ese punto". Respondió así la edil Candelaria Díaz (CC) a una pregunta sobre si se contemplan cambios en los estatutos de la Gerencia de Urbanismo tras la asunción competencial del consejero-director para resolver recursos, lo que procede de la época de la ampliación de Alcampo.

Renuncia del gerente

Díaz también se manifestó sobre la renuncia del hasta ahora gerente de Urbanismo, Enrique Martín. Fue una decisión "personal y profesional".

Las grúas, esta semana

La comisión de grúas se reunirá esta próxima semana, avanzó Rubens Ascanio (USP) tras una conversación con el presidente de ese órgano, Antonio Alarcó (PP).

Votaciones al límite

La singular aritmética lagunera volvió a dejar acuerdos al límite. El alcalde tuvo que hacer uso del voto de calidad en varias ocasiones.