La Plataforma Pro Hospital Público para el Sur y Suroeste considera que Sacyr "no es la única responsable de lo sucedido" con la paralización de la tercera fase de la obra del centro. A su juicio, "hay una gran responsabilidad en el Servicio Canario de Salud (SCS) y la propia Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias", donde, según el colectivo, "sus técnicos e integrantes de la mesa de contratación han incurrido en graves irresponsabilidades por no realizar un trabajo riguroso en el proceso de estudio y adjudicación".

En ese contexto, exigen una investigación "para aclarar lo sucedido y que se delimiten responsabilidades, sancionando de alguna manera a los responsables directos", teniendo en cuenta que otros procesos de adjudicación de esta consejería "se han visto envueltos en incomprensibles errores" provocando retraso en la puesta en funcionamiento de servicios vitales.

Desde la Plataforma se considera inaceptable que después de casi un año de estudio de las diferentes ofertas presentadas en el concurso, los técnicos de la Consejería de Sanidad y los miembros de la mesa de contratación no hayan sabido detectar la baja temeraria realizada por Sacyr.

Responsabilizan al director del Servicio Canario de Salud, Roberto Moreno, y al consejero de Sanidad, Jesús Morera, porque desde las primeras reuniones que mantuvieron con ellos "se les advirtió de una serie de circunstancias pidiendo máxima rigurosidad y prudencia en el proceso, precisamente para evitar lo que ha sucedido".

La Plataforma recuerda que desde que se sacó a concurso la obra, en junio de 2015, y cerró el plazo para la presentación de ofertas, en agosto de 2015, el Servicio Canario de Salud tardó en adjudicarla 10 meses. "Han pasado ya casi dos años desde la publicación del concurso y su dilatado proceso de adjudicación, un tiempo vital perdido para los ciudadanos del Sur de Tenerife, cuyos únicos responsables son Brígida Mendoza y Jesús Morera, anterior y actual Consejeros de Sanidad", señalan.

Exigen ahora "máxima diligencia" y que se rescinda el contrato a Sacyr, con la consiguiente penalización económica, o se le obligue al comienzo inmediato de las obras y a recuperar el tiempo perdido, además de hacer una supervisión continua y seria de la obra. Eso sí, "no se debe aceptar nunca una merma en la calidad de la obra".

Finalmente, entienden que llegó el momento de que los alcaldes "eleven la intensidad de acciones y declaraciones institucionales", pues creen intolerable lo que está sucediendo.