El empresario Ignacio González consideraba que el exconcejal de urbanismo de Santa Cruz de Tenerife Manuel Parejo era "un enano cabroncete", reveló hoy su abogado, Jesús María Silva, en el transcurso del juicio oral por el caos de Las Teresitas para ilustrar así la inexistencia de ningún plan común en la compraventa de los terrenos de la playa.
De hecho, según expuso el abogado en su intervención final ante el tribunal, Ignacio González y Antonio Plasencia, los empresarios que vendieron el frente de playa al Ayuntamiento por 52,5 millones de euros pese a que los informes municipales los valoraban en 19 millones, "aborrecían" a los representantes consistoriales, "tipos deleznables" con quienes "negociaron a cara de perro" el precio de venta.
La fiscalía considera que el Ayuntamiento pagó por los terrenos por encima de su valor debido a un pacto en el que participaron empresarios, políticos y funcionarios, por lo que el ministerio público pide penas de prisión para los once acusados, entre ellas ocho años para el exalcalde Miguel Zerolo y también para el exconcejal de urbanismo Manuel Parejo y cuatro años para cada uno de los dos empresarios.
En la sesión de hoy del juicio oral, que concluirá mañana con una declaración final de los acusados si lo desean, Jordi Pina, abogado de Antonio Plasencia, aseguró que ni un solo elemento de la conducta de su defendido merece reproche penal y aseguró que este juicio debería haberse desarrollado en el ámbito contencioso-administrativo.
En ninguna parte de los escritos de acusación de la fiscalía ni de la acusación popular se explica cuándo, cómo ni dónde Antonio Plasencia fue inductor de un delito de malversación de fondos públicos, ni que fuera cooperador necesario para que se cometiese, afirmó.
"No hay ninguna línea de participación criminal ni hechos merecedores de calificación penal", en todo caso puede haber reproches morales, pero eso no es lo que se juzga, sostuvo el letrado.
Jordi Pina consideró que la fiscalía "salió de caza" y ahora no puede "volver con las manos vacías", pero de hecho "el juicio murió el día que se archivó la acusación de cohecho", que fue retirada por las partes ante la dificultad de demostrarlo.
Es posible que el Ayuntamiento no hiciera todas las cosas bien, admitió el letrado de Plasencia, pero "si no hay detrás dinero ni en Suiza ni en Panamá" el enjuiciamiento se queda en el ámbito del derecho administrativo, aseguró.
Jesús María Silva, abogado de Ignacio González, reveló cómo se refería su defendido al hablarle de Manuel Parejo para ilustrar que no había ninguna trama ni acuerdo, sino que los intereses de los empresarios y los del municipio eran divergentes.
El caso de Las Teresitas es "un galimatías jurídico extrapenal" circunscrito en todo caso al ámbito del derecho administrativo, en el que "hay una orfandad probatoria evidente" por parte de las acusaciones, agregó.
En la valoración de los terrenos no se debe tener en cuenta sólo un criterio contable, porque hay que incorporar además su valor estratégico, su valor político y el valor de oportunidad, afirmó Silva, por lo que se puede decir que el Ayuntamiento hizo un buen negocio al comprar porque dejó la playa libre y para siempre libre de edificaciones.
"No ha quedado acreditada la malversación, no hay pruebas de que hubiera perjuicio para los servicios públicos y se ha sobreseído la causa por cohecho", indicó el letrado, y señaló que su defendido lo único que hizo fue "cumplir su rol" de empresario y vender por el máximo precio que pudo.
Además, dijo que como han sido exonerados el exinterventor municipal y el exsecretario del Ayuntamiento, no "no puede ser que los asesores estén paseando y los asesorados aquí".
"No hay nada tan increíble que la demagogia mezclada con los juicios paralelos no pueda convertir en aceptable", dijo parafraseando a Cicerón.
En la sesión de hoy también intervino el letrado José Luis Rodríguez, defensor de José Luis Roca, que actuaba como interventor delegado de la Gerencia de Urbanismo, pero siempre en representación del interventor general del Ayuntamiento.
Roca es el único funcionario imputado que no participó en el expediente de compraventa, y tampoco adoptó ninguna resolución ni decisión, así que no puedo prevaricar como sostienen las acusaciones sin pruebas, según el letrado.
Para José Luis Rodríguez, la fiscal busca condenar a Miguel Zerolo y el resto de acusados son "el sustento necesario para conseguirlo", pero no ha conseguido acreditar ni la existencia de una concertación ni que hubo reparto de dinero.
Los abogados de Pedro González y Carlos Plasencia, hijos de los empresarios, pidieron la absolución de sus defendidos porque se limitaron a firmar la compraventa como apoderados por mandato de sus padres en un acto neutral sin relevancia penal puesto que no intervinieron en la operación.