Los abogados defensores de los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, antiguos propietarios de los terrenos de Las Teresitas vendidos en 2011 al Ayuntamiento, negaron cualquier tipo de connivencia con los políticos o técnicos. Esta era la teoría esbozada por la fiscal Anticorrupción, María Farnés, durante su intervención en el macrojuicio que lleva el nombre de la playa. Y para demostrarlo los abogados de los empresarios indicaron que las relaciones con el ayuntamiento eran nulas durante aquellos años y que más de una vez habían oído cómo sus defendidos recurrían a insultos o términos despectivos al estilo de "enano cabroncete" cuando se referían al exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, también acusado.
Para desmontar la teoría del complot indicaron que las negociaciones se convirtieron en un continuo "tira y afloja a cara de perro", que los empresarios "aborrecían al ayuntamiento" porque continuamente ponía trabas para que no pudieran construir. Por ello, considera que el único posible inductor fue el pueblo de Santa Cruz, que se movilizaba por aquellos días para que no se construyera en la playa.
Ambos abogados reiteraron que no tenían la sensación de haber asistido a un juicio del ámbito contencioso-administrativo en vez del penal. Jordi Pina, letrado de Plasencia, dijo que el discurso de la acusación particular "hubiera estado muy bien si se hace en un pabellón ante cuarenta vecinos". Apuntó que no existía ni la mínima prueba de que Plasencia pueda ser considerado inductor o cooperador. Sostiene este letrado que "aquí hace años se salió a cazar ciervos y como no los encontraron han cazado lo que sea".
Admitió que puede haber "cosas" que el ayuntamiento no hizo bien, pero lo cierto es que "por ningún lado se ha encontrado dinero en Panamá o Suiza. El caso murió cuando no se pudo probar el cohecho". Sobre el perito aportado por Plasencia, Javier Domínguez Anadón, dijo que la Fiscalía le tenía miedo y por eso había intentado echarlo de la sala en varias ocasiones. Recordó que el frente de la playa ocupa un 60% de todo el polígono y por ello justifica que se haya pagado 53 millones de euros, después de haber comprado la totalidad por 33 millones. El restante 30% se vendió por 92 millones, pero negó que se hubieran aprovechado de un cambio de calificación. Por el contrario recordaron que el uso era residencial y hospedaje y que simplemente se eliminó este último. Indicó que, como empresario, "es normal que venda por encima de lo que compró".
José María Silva ejerció de defensor de González. Lamentó la falta de pruebas y que la Fiscalía se haya referido a hechos sin probar como la posible filtración de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que en 1998 dio vía libre a las construcciones en la playa. "Recordamos que penal es la responsabilidad por hechos, no por suposiciones". Dijo que el Ministerio Público y la acusación particular habían repetido como si fuera "un mantra" la supuesta connivencia de los empresarios con los políticos y técnicos municipales. "Pero no sabemos con quién, dónde, cómo o por qué. Nos están pidiendo un acto de fe". Utilizando numerosos términos latinos, en inglés y citas a clásicos como Homero, Maquiavelo o Hamlet, intentó demostrar que el Ayuntamiento había hecho un buen negocio y que no hubo, "ni sobreprecio ni bajoprecio".
Las defensas de los hijos de los empresarios incidieron en la misma línea. Esteban Sole Rocha, letrado de Pedro González, dijo que había quedado acreditado que no hay una sola prueba de que se les pueda acusar de malversación o prevaricación. Ángel Luis Guimerá, defensor de Carlos Plasencia, negó cualquier tipo de recalificación en Las Huertas, que el proyecto de compensación y el de urbanización estén anulados y señaló que la moratoria quedó sin efecto durante el período en el que ocurrieron los hechos.
José Luis Gutiérrez Jaimez, abogado del interventor de Urbanismo, José Luis Roca, quiso demostrar que su representado no tuvo nada que ver con los hechos: el informe fue elaborado por el interventor general y él se limitó a firmarlo y a comentarlo por encima, desconocía la tasación de la exarquitecta municipal Pía Oramas, que fijaba el valor en apenas 3.000 millones, no estuvo presente en ninguna reunión y simplemente redactó el expediente de modificación de crédito.
Sobre los pagos recibidos aquel año, los justificó por el aumento de trabajo y horas extra que tuvo que hacer.