El concejal de Atención Social de Santa Cruz, Óscar García, responsabilizó ayer a la empresa adjudicataria del servicio de las dos escuelas infantiles municipales, Tara (Añaza) y Fayna (Ofra), del cobro de la tarifa, a pesar del acuerdo plenario del pasado mes de octubre, que suspendía el abono del canon hasta que se modificara la ordenanza.

En una respuesta adelantada a la concejal de Sí se Puede Asunción Frías, que preguntará hoy por este asunto en la Comisión de Control, el edil Atención Social y presidente del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) se muestra claro al respecto: "El cobro de las cuotas a las familias, según artículo 4 de la ordenanza actualmente en vigor, corresponde a la empresa adjudicataria que gestiona el servicio público mediante concesión".

En este caso, García no hace mención al supuesto informe "desfavorable" de la Intervención del IMAS, documento que, según se ha argumentado ante los padres afectados, rechazaría la suspensión del pago de la tarifa que acordó el pleno por unanimidad.

Es más, el concejal tampoco deja claro que pueda haber un paso atrás del consistorio en este caso, a pesar de las gestiones que, según le consta a los afectados, está haciendo el alcalde, José Manuel Bermúdez.

En otro de los párrafos de la respuesta, García remarca que "la empresa que gestiona las escuelas infantiles ha comunicado a las familias, cada mes, su obligación de abonar la cuota del servicio de escuela infantil porque así lo establece la ordenanza en vigor; mientras se tramita expediente de modificación de dicha ordenanza, recordemos que la ordenanza actual no se puede suspender legalmente, según informe jurídico, y el TSJ ha denegado la medida cautelar solicitada".

Los padres consultados ayer lamentaron que García no haga mención ahora a que en el pleno de octubre se dijo que se había encontrado una solución legal y que el juez rechazó las medidas cautelares tras la presentación, por parte del ayuntamiento, de un documento en el que se daba por zanjado el asunto.

"Nos han tomado el pelo", sostuvo ayer uno de los afectados, quien dejó entrever que ha habido "presiones" a las directoras de las escuelas para que hicieran efectivo el cobro de la tarifa.

Por eso, volvieron a encomendarse a las negociaciones que ha mantenido -y mantiene- José Manuel Bermúdez para tratar de buscar una salida consensuada a un conflicto que se inició tras la queja de los padres de que no conocían las tarifas que tienen que abonar ahora cuando matricularon a sus hijos.

La modificación aprobada en el pleno de octubre consistía en "sustituir la redacción de la disposición final de la ordenanza de manera que entre en vigor el 1 de septiembre de 2017, y no este año como estaba previsto".

En la respuesta remitida a la oposición, el concejal sí recuerda que "el IMAS no cobra las cuotas mensuales de aquellas familias que en función de sus ingresos económicos tienen que abonarlas".