Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como "el pequeño Nicolás", se ha acogido hoy a su derecho a no declarar ante el juez de instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, que le investiga por los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de funciones.
No es la primera vez que Gómez Iglesias se niega a declarar ante el juez, pues ya lo hizo el 26 de febrero, cuando se vio obligado a salir de la casa del programa "Gran Hermano VIP" para acudir a los juzgados de plaza de Castilla.
Junto a él, tampoco han declarado el excoordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid Emilio García Grande y los policías municipales de Madrid Jorge González Hormigos y Felipe Gallego, según han informado fuentes jurídicas.
Todos ellos figuran como investigados -antes imputados- en la pieza principal que hay abierta contra el joven.
Según han explicado las citadas fuentes, el magistrado había llamado a declarar al "pequeño Nicolás" y al resto de investigados por si tenían algo más que añadir antes de que cerrase la instrucción de la causa principal.
Ninguno de ellos, sin embargo, ha querido añadir algo a su declaración y todos se han acogido a su derecho a no declarar.
Por su parte, Emilio García Grande, investigado por los presuntos delitos de malversación de caudales y revelación de secretos, ya manifestó ante el juez en abril que jamás dio ni prestó bienes de carácter municipal al joven ni recibió "ninguna cantidad de dinero" de Gómez Iglesias, y que su relación se limitaba a ser compañeros militantes del Partido Popular.
También estaban citados para hoy los policías municipales Felipe Gallego y Jorge González Hormigos, quienes supuestamente en agosto de 2014 escoltaron al joven hasta Ribadeo (Lugo), donde se hizo pasar por un enviado de la Casa Real y del Gobierno ante el presidente del grupo Alsa, Jorge Cosmen.
Es precisamente por estos hechos por lo que el magistrado Zamarriego dictó el pasado 2 de diciembre apertura de juicio oral contra Gómez Iglesias por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo, por los que la Fiscalía solicita siete años de prisión y una multa de 81.000 euros.
También se sentarán en el banquillo de los acusados los dos policías municipales que le acompañaron, a quienes se les imputa los delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho pasivo.