El Juzgado de lo Penal número dos de Santa Cruz de Tenerife ha condenado en primera instancia al exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna Francisco Gutiérrez a tres meses de cárcel y a cuatro años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa durante la ampliación de la galería de Alcampo, según recoge la sentencia dictada por la jueza Laura Paule González. En el escrito, con fecha del 7 de diciembre, también se establecen penas de tres meses de prisión e inhabilitaciones de tres años y medio por prevaricación administrativa para cada uno de los funcionarios acusados: Vicente González Colino y Rosa María Paz.
Las condenas, que no son firmes, suponen la mitad de las solicitadas por la Fiscalía, que pedía seis meses de privación de libertad en cada caso e inhabilitaciones de nueve años para el exconcejal nacionalista y de siete para los técnicos. Ha influido, plantea la magistrada, la existencia de dilaciones indebidas, dado que no existe una justificación para las "paralizaciones" más allá de la "falta de medios materiales y personales" de la administración de justicia. "Que en ningún momento se puede imputar a los acusados", apostilla al respecto.
El abogado Edmundo Lorenzo González, que ha defendido a Francisco Gutiérrez en este procedimiento, confirmó ayer a este periódico que con seguridad su cliente recurrirá la sentencia. Previsiblemente, según otras fuentes, Vicente González y Rosa María Paz harán lo mismo, más si cabe al haberse convertido en los mayores perjudicados del denominado caso Alcampo si se atiende a que Gutiérrez tiene 66 años y está ya fuera del ámbito político -por lo que lo ocurrido no le supone un perjuicio laboral- y a que las penas de cárcel, por ser inferiores a dos años y carecer los implicados de antecedentes, no tendrán que ser cumplidas.
Yendo al fondo del laberíntico proceso juzgado, se considera probado que el exedil nacionalista otorgó a Alcampo permiso de obras de ampliación desoyendo el criterio contrario de los funcionarios Colino y Paz. No existía una licencia comercial específica y el proyecto excedía la ocupación máxima permitida, pero el por entonces responsable de Urbanismo dio el visto bueno. Entre otras cosas, se pone de relieve que se atribuyó la resolución de los recursos de alzada como si fuesen potestativos de reposición.
Frente a los presagios que se podían sacar de la vista oral, el auto no deja en buen lugar a los técnicos. Ahonda el texto en pormenores e indica que, tras la advertencia de infracción por parte del Gobierno regional que siguió a la decisión de Gutiérrez, los tres acusados "urdieron un plan" para que Alcampo finalizara y legalizara las obras, para lo que González Colino emitió sin "motivo que lo justificase" un informe en sentido contrario al anterior y que dio pie a otro realizado con Rosa María Paz, abriendo el camino a las licencias por silencio positivo.