El pasado jueves se cumplió el primer aniversario del secuestro y homicidio del empresario granadillero Raimundo Toledo, que fue dueño de la gasolinera TGas de la carretera de El Médano. Días antes, las partes personadas en el caso pudieron acceder al informe definitivo de la autopsia. Este documento, firmado por tres médicos forenses, determina que la víctima falleció "de muerte violenta" y que el estudio médico-legal de las causas determina que fue "homicida".
La segunda conclusión señala que la causa inmediata de la muerte es compatible con un cuadro de "shock" traumático, "siendo la causa fundamental de la muerte" un conjunto de "traumatismos con contusiones múltiples y abdominales severas".
Y los forenses del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife sitúan la hora aproximada de la muerte en la noche del 15 de diciembre de 2015, algo que se sabía desde el hallazgo del cadáver y que confirma que el empresario sureño pereció tras una detención ilegal en la que, según la investigación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, están implicadas, con mayor o menor grado de participación, cinco personas. Tres de ellas (un hombre cubano, un varón argentino y una mujer cubana) están en prisión provisional, mientras que la hija de la anterior y otro varón están en libertad con cargos como presuntos encubridores.
Fuentes cercanas al caso explicaron que la instrucción del mismo se prolongará, al menos, un año más. Los diferentes informes efectuados en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Canarias fueron finalizados hace casi dos meses y remitidos al Juzgado. Al menos un testigo, los móviles y las pesquisas de los agentes sitúan a dos o tres de los arrestados en los lugares clave de este trágico suceso, como son el exterior de la casa del empresario en Santa Cruz de Tenerife, donde la víctima fue secuestrada, y cerca del Mirador de la Centinela, donde el cadáver fue arrojado a una ladera dentro de su Honda CRV, que ardió en llamas. El móvil de este homicidio se intuye que fue por motivos económicos, pero, según el criminólogo Félix Ríos, todavía no está claro. Sigue siendo una incógnita lo que los presuntos implicados iban a exigirle a Toledo y dónde.
Semanas antes del suceso, la sociedad mercantil en la que figuraban como socios el fallecido, sus familiares directos y un sobrino vendió una parcela del plan parcial La Jurada (San Isidro) a una empresa para instalar un conocido restaurante de comida rápida. Esa operación permitió ingresar a dicha sociedad más de un millón de euros, aunque una parte, según un amigo de la víctima, fue para saldar hipotecas. La mujer cubana arrestada era, hasta el momento de la detención, pareja del citado sobrino de Raymundo Toledo.
Según Félix Ríos, "el informe de autopsia elaborado por los patólogos del Instituto de Medicina Legal no deja dudas del origen homicida de la muerte de Raimundo Toledo". Para Ríos, "aún quedan varias incógnitas por resolver, que si bien jurídicamente pueden no ser importantes, para los policías y nosotros sí lo son". Opina que "lo que sí está claro es que la considerada autora intelectual del delito ha dejado tirado a Alexander (el joven cubano), del que se desvincula totalmente, dejándolo como cabeza de turco de toda esta historia".
Ríos dice que "serviría de mucha ayuda para Alexander si este contara al Juzgado el motivo por el que la posible cerebro de esta oscura trama ordenó el secuestro". Se prevé que Alexander preste declaración voluntaria en breve.
El tráfico de llamadas entre los tres principales implicados presuntamente prueba que hubo varias reuniones entre ellos antes de que ocurriera el secuestro de Toledo.