El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes un informe, a través de la Consejería de Economía, Industria, Comercio, que supone un primer pronunciamiento favorable del Ejecutivo sobre la oportunidad de contar con una nueva Ley de Cámaras de Comercio en Canarias, y sobre los objetivos y los principios generales de la nueva normativa.

El nuevo documento normativo pretende que las Cámaras formen parte de la estrategia operativa del Gobierno de Canarias, de acuerdo con el objetivo de llevar a las empresas canarias a una mayor internacionalización, a la adaptación a la globalización.

Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación son corporaciones de derecho público que realizan funciones de carácter consultivo y colaboración con las administraciones públicas en todo aquello que tiene relación con la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, la navegación y los servicios.

El texto del anteproyecto de Ley recuerda que el Estatuto de Autonomía de Canarias determina que "corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias el desarrollo legislativo y la ejecución en las materias relacionadas con Corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales".

Asimismo, se indica que la comunidad canaria asumió en 1983 las competencias en materia de ferias interiores, comercio interior y Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y que el Parlamento de Canarias aprobó en 2003 la Ley 18/2003, de 11 de abril, de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Canarias.

Sin embargo, el Estado introdujo cambios en 2014 en la normativa general con la aprobación de la nueva Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, que obliga a derogar la ley canaria en vigor y a aprobar una nueva normativa adaptada a las previsiones de la ley estatal.

Por otro lado la normativa obliga a recoger las nuevas necesidades surgidas por el transcurso del tiempo desde la aprobación de la anterior ley, todo ello, con la intención de satisfacer los intereses que la sociedad demanda para un eficaz y correcto funcionamiento de las cámaras de comercio.