Los Presupuestos del Estado de 2016 incluyeron 15 millones de euros para comenzar con las expropiaciones y la ejecución del proyecto de cierre del anillo insular, con el compromiso de aumentar la dotación incrementando las aportaciones al convenio de Carreteras. El PP entiende que las diferencias entre el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias han entorpecido el proyecto, llegando a asegurar los populares que el PP desconoce dónde han ido a parar esos fondos.

Así se lo trasladó un grupo de representantes públicos del Partido Popular en la Isla -liderados por su presidente insular, Manuel Domínguez- a la directiva del Círculo de Profesionales y Empresarios del Sur de Tenerife (CEST).

En el marco de la reunión que mantuvieron, los empresarios insistieron en la necesidad de ampliar el tercer carril de la TF-1 hasta La Atalaya de Adeje, exigiendo una primera fase entre Guaza y Los Cristianos porque "ayudaría de forma más que notable a reducir los actuales embotellamientos de tráfico".

La licitación de un nuevo proyecto para el enlace de Los Cristianos que dé respuesta a las situaciones que generará el Hospital del Sur, la conservación y mantenimiento de la TF-1 y de las carreteras secundarias dotándose de una correcta iluminación en los carriles de aceleración y desaceleración, así como el mantenimiento y embellecimiento de los taludes fueron algunos de los asuntos abordados. Además, reiteraron la necesidad de contar con un puesto de la Guardia Civil cerca de la autopista y que se dote de intérpretes a la CNP y a la Comandancia de la Guardia Civil.

El PP se ha comprometido a impulsar en el Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con el Gobierno de Canarias, la modificación del marco legal existente en materia de actividades marítimas, adelantando que se está trabajando en una orden ministerial para regularlas que, previsiblemente, estará aprobada en el transcurso del primer semestre de 2017.

Desde el CEST se reiteró la necesidad de adoptar cambios legislativos y medidas que permitan corregir la situación generada por la Orden 2417/2011, de 30 de agosto, que restringe las actividades marítimas, zonificando las áreas de protección y contando con la opinión de los colectivos.