La Audiencia Nacional ha condenado al Gobierno de España a pagar 9,3 millones de euros a DISA Gas. La sentencia es el reconocimiento de la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia a la reclamación de la empresa por daños y perjuicios sufridos por la aplicación de la fórmula de cálculo para los precios máximos de la bombona de gas licuado del petróleo (GLP), aprobada por una orden del Ministerio de Industria, sin tener en cuenta los sobrecostes que soportan las Islas, informa la compañía en un comunicado.
Esta orden ministerial, que se aplicó desde el cuarto trimestre de 2009 hasta el segundo de 2012, fue anulada en junio de este último año por el Tribunal Supremo, que consideró contraria a la ley la fórmula establecida "por ocasionar pérdidas a las empresas operadoras del sector, en la medida que produce un desfase entre los costes incurridos e ingresos procedentes de la venta del producto al consumidor, pérdidas cuya recuperación no está garantizada".
Además, la condena incluye el abono de los intereses de demora que se han generado desde el año 2009, lo que supone un millón de euros adicionales que igualmente debe abonar el Gobierno de España. El Ejecutivo aún puede interponer recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional.
Los argumentos expuestos en este recurso presentado por DISA y que ha resuelto la Audiencia Nacional son similares a los que sustentan el recurso promovido por la compañía contra la nueva orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (IET 389/2015, de 5 de mayo), por la que se regula el precio de venta del gas licuado envasado. DISA entiende que el Gobierno de España ha fijado de nuevo una fórmula de precios que no incluye los costes extras que soporta la empresa en Canarias por ser una región ultraperiférica. La regulación actual supone a DISA Gas unas pérdidas anuales de 3 millones de euros, según sus cálculos.
DISA ha recurrido esta orden, aspira a que se compensen las pérdidas económicas que sufre y solicita que "de una vez por todas" se reconozca la singularidad canaria en una nueva y definitiva regulación de precios del GLP, ya que, a su juicio, esta situación no es sostenible en el tiempo.