El macrojuicio a los 24 independentistas saharauis acusados por la muerte de once agentes marroquíes tras los sucesos de Gdeim Izik de 2010 se reabrió hoy en una jurisdicción civil después de haber sido revocada la sentencia militar que pesaba contra ellos.
La primera audiencia fue pospuesta hoy por el juez del Tribunal de Apelación de Salé, cerca de Rabat, hasta el próximo 23 de enero por la ausencia de uno de los inculpados, Mohamed el Ayubi, que se encuentra en libertad provisional, así como para permitir a algunos abogados preparar sus alegatos.
La audiencia de hoy, que duró más de seis horas, estuvo marcada por unos momentos de tensión, concretamente en su inicio, cuando los acusados entraron en la sala del tribunal coreando consignas para exigir el derecho a la autodeterminación.
A estos lemas reaccionaron los familiares de las víctimas que, a su vez, gritaron consignas pidiendo justicia para sus allegados asesinados.
La sala estaba repleta de familiares de las víctimas, simpatizantes del independentismo saharaui, observadores internacionales y periodistas. Las autoridades judiciales prepararon una segunda sala con una pantalla gigante para permitir el seguimiento del caso.
En este juicio se presentaron una cuarentena de abogados, incluidos más de diez extranjeros, entre los que representan a los acusados y los que defienden a los familiares de las víctimas.
Otro momento de tensión surgió más tarde entre los letrados de las dos partes cuando estaban debatiendo cuestiones de forma.
Los abogados de los acusados rebatieron el derecho de los familiares de las víctimas a personarse como parte civil, un estatus que les permite pedir una indemnización.
En este sentido, el abogado Mohamed Fadel Lili, que representa a todos los acusados, subrayó que los familiares de las víctimas no pueden ejercitar sus derechos como parte civil porque no revocaron antes la sentencia del tribunal militar.
Pero los abogados de los familiares de los once agentes marroquíes defendieron el derecho de sus clientes a pedir indemnización por los perjuicios sufridos y por la forma violenta en que fueron asesinadas y mutiladas las víctimas.
Los 24 activistas saharauis, de los que tres están en libertad provisional, son acusados en este nuevo caso por "formación de banda criminal, violencia contra la fuerza pública con resultado de muerte, y mutilación de cadáveres".
En este caso destaca la amplia presencia de los efectivos de seguridad tanto dentro como fuera del tribunal, donde los familiares y amigos de las víctimas celebraron una sentada.
El juicio de hoy se celebra después de que el Tribunal de Casación anulase el veredicto pronunciado en febrero de 2013 contra los activistas -condenados antes por penas entre cadena perpetua y 20 años de cárcel- por defectos de forma y de fondo ante la ausencia de pruebas y ordenó repetirlo en una jurisdicción civil.
En aquel juicio militar también fue condenado a perpetuidad el independentista Hassana Aalia, que ahora vive como refugiado político en España, pero su caso no fue incluido en la decisión del Tribunal de Casación porque como condenado en rebeldía no se le permite apelar.
El veredicto militar fue criticado entonces por numerosos observadores y abogados presentes (incluso los contrarios al independentismo saharaui), que consideraron que los saharauis fueron condenados sin pruebas que los vinculasen con los asesinatos.
Los sucesos de Gdaim Izik han supuesto el momento más crítico vivido en los últimos años en los territorios saharauis: en 2010, un campamento formado a las afueras de El Aaiún para reclamar mejoras sociales derivó en una protesta independentista y en la entrada las fuerzas de seguridad marroquíes para desmantelar el campamento.
En el desmantelamiento murieron asesinados once agentes del orden marroquíes y dos civiles saharauis, convirtiéndose aquellos hechos en los más graves vividos en el Sáhara desde la proclamación del alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario en 1991.