Más de un centenar de internos fugados y varios motines ocurridos en los últimos meses del año han vuelto a cuestionar el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y han reabierto el debate sobre la eficacia e idoneidad de estos lugares.

En 2015, según los datos del Ministerio del Interior, 6.930 internos pasaron por alguno de los siete centros que hay repartidos por España, de los que cuatro de cada diez son expulsados del país tras permanecer un tiempo medio de 24,4 días.

Interior defiende que los CIE son eficaces y necesarios, pero el ministro, Juan Ignacio Zoido, admitió que "pueden y deben mejorar", por lo que anunció que impulsará la creación de un grupo de trabajo integrado por distintos ministerios, ONG y partidos para diseñar otro modelo.

El catálogo de quejas llega desde las ONG y los partidos de la oposición hasta el Defensor del Pueblo y alguno de los jueces de control de estos centros, como Ramiro García de Dios.

La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, cuestionó las condiciones de estos centros, en los que insistió que existen "muchas deficiencias", y pidió al Gobierno que habilite más presupuesto para mejorar sus instalaciones, así como una "mayor cobertura sanitaria". Becerril, quien se reunió con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para trasladarle sus peticiones, sostuvo que la sobrepoblación es el principal problema de los CIE, en los que se mezcla a personas en situación irregular, pero sin historial delictivo, con otras que sí lo tienen.

Más lejos aún ha ido el juez García de Dios, quien directamente pidió el cierre de estos centros de "sufrimiento y espacios de opacidad e impunidad policial".

Precisamente, él es el juez de control del centro que más incidentes ha registrado en el último año, el del distrito madrileño de Aluche, donde se ha producido una fuga, varios motines y huelgas de hambre durante los meses de octubre y noviembre.

"Somos solo cinco o siete por turno para unos cien internos, y no llevamos armas ni chalecos", alertó un funcionario del CIE de Aluche tras un motín en octubre. En su opinión, en esas condiciones es imposible garantizar la seguridad y evitar "una tragedia".

A estos hay que sumar los diversos problemas ocurridos en el resto de centros que hay en España: Valencia, Tenerife, Las Palmas y Algeciras (Cádiz), el que más internos acoge, hasta el punto de que tiene un anexo en Tarifa.