La consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, ha presentado hoy jueves el protocolo básico sobre el futuro modelo de financiación de las universidades públicas canarias, un documento que será firmado oficialmente mañana viernes en Las Palmas de Gran Canaria y que garantiza el mantenimiento de una financiación estable hasta el año 2025.

En la presentación, que también contó con el rector de la Universidad de La Laguna, Antonio Martinón, y la rectora accidental de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Trinidad Marcos, la consejera explicó que se trata de un acuerdo al que se ha llegado tras casi un año de trabajo a partir de un diagnóstico de la situación del sistema universitario canario.

El objetivo de este acuerdo, explicó Monzón, es alcanzar un modelo de financiación "cuya importancia no radique tanto en el aspecto meramente cuantitativo, sino que de forma racional, equitativa y consensuada se convierta en un vehículo a través del cual podamos alcanzar entre todos el nivel de excelencia académica que deseamos".

La consejera indicó que la mejora y el incremento de la disponibilidad de recursos económicos por parte de las universidades, que han visto reducido su presupuesto como consecuencia de la crisis económica, debe ir acompañada de medidas encaminadas a la solución y mejora de aspectos esenciales del sistema educativo canario, de manera que se pueda adecuar a la evolución "constante" del contexto social y económico.

Para ello, ve necesario poner en marcha un nuevo modelo de financiación que posibilite a las universidades públicas canarias el desempeño de sus funciones en un marco estable de financiación que les permita establecer una plan a varios años, pero también un modelo que sirva para trazar una serie de objetivos con el propósito de asegurar la sostenibilidad del sistema educativo canario a medio y largo plazo.

Por su parte, la rectora accidental de la ULPGC, Trinidad Marcos, señaló que haber llegado a este acuerdo supone un "punto y aparte" en la situación que han padecido las universidades canarias como consecuencia de la crisis, donde han perdido capacidad para desarrollar proyectos "vitales" para la sociedad canaria por las restricciones económicas.

Añadió, además, que supone comenzar una nueva etapa donde las universidades públicas van a trabajar con el mismo nivel de eficiencia que han mantenido hasta ahora, y donde podrán llevar a cabo una planificación con una visión de futuro y a largo plazo. A su vez, deseó que con un sistema estable de financiación se puedan hacer proyectos estratégicos para conseguir cumplir con la misión de hacer mejor a la sociedad canaria.

El rector de la ULL, Antonio Martinón, indicó que con la firma de este documento el Gobierno de Canarias reconoce que el sistema universitario necesita más financiación y, al mismo tiempo, hace que las universidades se comprometan a mejorar y a adaptarse a una nueva situación económica, social "muy cambiante".

Asimismo, apuntó que en los últimos años, debido a la crisis, el sistema público universitario ha recibido 45 millones de euros menos cada año, lo que ha supuesto una mayor restricción del gasto que ha afectado a todos los ámbitos de la universidad. Así, si bien es consciente de que no van a recuperar ese dinero, celebró que el Gobierno se haya comprometido a mantener la financiación en los próximos años, e incluso a aplicar un aumento de 2 millones de euros.

Para el rector, se trata de una subida que todavía está "lejos" de lo que necesitan las universidades, pero la ve importante para empezar a "dar pasos" para que haya una mejor docencia y que su rendimiento sea mejor, para mejorar la investigación y para transferir al mundo económico lo que se hace en la universidades, un objetivo donde "tenemos que hacer un mayor esfuerzo", remarcó.

PRIMERA FASE DEL PLAN: 2017-2019.

Así, entre todos los agentes implicados se ha logrado alcanzar un acuerdo a la hora de establecer una serie de compromisos en los que se incidirá en una primera fase del plan de financiación del año 2017 al 2019. El primero de ellos, que corresponde al Gobierno de Canarias, irá destinado a garantizar el mantenimiento del volumen de recursos con crecimiento en función de la disponibilidad presupuestaria, pero introduciendo un criterio objetivo basado en el propio incremento de los presupuestos de la Comunidad Autónoma o de la Consejería de Educación y Universidades.

Otro de los compromisos que asumirá el Ejecutivo es la adecuación permanente de la oferta de estudios a las demandas sociales, aprovechando los recursos humanos disponibles de las universidades públicas y ajustando las actuales plantillas docentes a los requerimientos del futuro.

Además, será necesario una mejora progresiva y continua de los resultados académicos en la formación proporcionada, reduciendo el abandono temprano de los estudios y aumentando la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, y abogando por incrementar los niveles de actividad investigadora, apoyando los polos de excelencia y fomentando la transmisión de resultados a la sociedad canaria y a su sistema productivo.

SEGUNDA FASE DEL PLAN: 2020-2025

La segunda fase del plan, que va del año 2020 al 2025, consistirá en una financiación básica de gastos de funcionamiento con el fin de garantizar los recursos necesarios para el normal funcionamiento de la universidades; de una financiación por resultados, que responda al criterio de eficiencia y premie la mejora en la calidad docente, investigadora y de gestión y que está directamente relacionada con mejoras en el rendimiento académico, la empleabilidad de los egresados, la internacionalización, la transferencia de resultados, el reconocimiento del tejido productivo canario o la eficacia y eficiencia en la gestión.

Por último, habrá una financiación estratégica que se centrará en el fomento de la excelencia universitaria, de forma que la cantidad de fondos a percibir por las universidades esté vinculada a su capacidad para adaptar sus servicios, proyectos e iniciativas a los objetivos estratégicos marcados por la Comunidad Autónoma.

La consejera precisó que se trata de una política de financiación que propicie fondos, pero que también promueva mejoras en el sistema educativo universitario del archipiélago. Por ello, el perfeccionamiento de un sistema de financiación estable para las universidades conlleva también una serie de indicadores sobre los cuales deben asignarse los recursos; también implica la definición de un modelo plurianual a partir de unas líneas estratégicas que condicionen parte de la financiación al logro de objetivos de calidad y de eficiencia previamente definidos y consensuados entre la Administración autonómica y las universidades públicas.