Santa Cruz de Tenerife

El TSJC avala la demolición parcial de un edificio ubicado en La Ninfa

La razón del fallo es "incumplir la normativa urbanística" y los propietarios podrían pedir indemnizaciones millonarias a la Gerencia municipal que otorgó las licencias ahora anuladas.
N.R., S/C de Tenerife
7/ene/17 6:29 AM
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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avala la demolición, en principio parcial, de un edificio de seis viviendas, situado en la calle Álvaro Ojeda Barrera en La Ninfa. Este inmueble contó en su momento con las correspondientes licencias otorgadas por la Gerencia de Urbanismo que ahora quedan anuladas y sin posibilidad de recurso. El TSJC constata importantes incumplimientos en cuanto a alturas y rasantes, tal y como había denunciado un vecino, por lo cual ordena el derribo, al menos, de la última planta. No obstante, dada la dificultad que implica esta actuación lo más seguro es que se tenga que proceder al derribo total.

El inmueble de lujo fue diseñado por el prestigioso equipo de arquitectos Arteaga Menis y Pastrana (AMP) y contó con un presupuesto de cerca de seis millones de euros. Al contar con licencias en regla, concedidas en 2008 los promotores y propietarios tienen la posibilidad de exigir indemnizaciones que se presumen multimillonarias.

En cuanto a alineaciones y rasantes se ratifica que no se adaptaron a la nueva normativa vigente. Según la superficie que abarca 400 metros cuadrados, el número máximo de viviendas a autorizar no podía pasar de cuatro en vez de la seis autorizadas. Un error cometido al tener en cuenta una parcela mayor que existía anteriormente.

Con respecto a los retranqueos mínimos de cinco metros a vial y tres al resto de linderos se considera "incontrovertido" que la obra ejecutada incurre en claros incumplimientos, tal y como se demuestra en todos los informes periciales. Tampoco prosperaron los intentos de la Gerencia de Urbanismo de defender la presunción de legalidad de los informes técnicos municipales que se pronunciaron de forma favorable al proyecto, "algo que resulta insostenible" después de los peritajes llevados a cabo.

En cuanto a la edificiabilidad, la licencia la fija en 1.745 metros cuadrados, el Ayuntamiento sostiene que es de 2.854 pero finalmente el TSJC determina que la prevista en el proyecto era de 2.656 metros cuadrados. Cifra que sobrepasa ampliamente la otorgada mediante licencia, ya que se tuvo en cuenta la parcela que existió en su momento, no la real. La sala ratifica la ilegalidad de la planta abierta en cubierta sobre la tercera altura, que no se ajusta a lo recogido en las ordenanzas. Otro incumplimiento es que los muros de contención exceden los cinco metros de altura y de hecho alcanzan a lo largo de toda la vía los diez metros.

"Doble cara" de urbanizaciones de lujo

Las viviendas, muchas ellas de lujo, de Ifara y La Ninfa fueron vendidas en su época a precio de oro como una inigualable ocasión de acceder a unas vistas privilegiadas sobre la bahía de Santa Cruz y a pocos minutos del centro. Sin embargo, con el tiempo el sueño se ha convertido en pesadilla para algunos compradores. Unos porque veían cómo delante de sus narices se construían edificios que se convertían en paredes frente a sus viviendas y otros porque tenían que derribar los construido. Y ello es así hasta el punto de que en estos momentos en estos ámbitos existen seis sentencias firmes de derribo. Caso paradigmático es el fallo judicial sin posibilidades de recurso del Tribunal Supremo (TS) que obliga a la demolición de cinco metros del edificio La Ninfa en Ifara. En Residencial Anaga los problemas se concentran en la calle Cornisa y más concretamente en los números 16, 17, 18 y 19 sobre las que penden fallos sin posibilidad de recursos de demolición. Dos dolorosos derribos son los que se han quedado por el camino en la historia de Residencial Anaga. El primero es el de la vivienda conocida como la Casa Roja y el otro, el edificio Mogán (foto). Aparte, como un "calvario judicial" definió el propio TSJC la lucha que durante años entablaron los vecinos de Ifara en contra de un geriátrico y que por ahora concluye con la obligación de un derribo, al menos parcial, a la espera de una resolución firme.