La presidenta de la Asociación de Centros Infantiles de Tenerife (Acinte), Marina Amador, denuncia que en la actualidad apenas 200 unidades de toda Canarias cumplen con los requisitos para ser consideradas legales. Con respecto a las que se encuentran en situación de irregularidad se desconoce el número pero, al menos, disponen de datos en los que se reflejan que 80 guarderías han iniciado los trámites para adaptarse a la legislación vigente.
En el año 2008 la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias fijó los requisitos que debían cumplir estos centros para poder ser regulados. El resultado, ocho años más tarde, es que una cantidad importante de guarderías no se ha adaptado a la legislación. Aunque en realidad ni siquiera existen cifras oficiales de las que no han sido dadas de alta por las restricciones que impone la Ley de Protección de Datos. Desde este colectivo se ha pedido en reiteradas ocasiones que se haga el registro oficial de centros públicos y privados, para que los padres sepan en todo momento dónde se pueden matricular sus hijos con las debidas garantías.
La asociación critica que mientras que cualquier empresa debe cerrar sus puertas si no dispone de la correspondiente licencia, "aquí guarderías siguen abiertas sin cumplir requisito alguno, no reciben ningún tipo de inspección y no pasa nada. Como profesionales y empresarios responsables no nos cabe en la cabeza, nos sentimos discriminados por parte de la administración correspondiente. Porque a nosotros se nos exigió reconvertir los centros en su momento. Es inconcebible que en una materia tan delicada como es la educación de los más pequeños la administración no haya optado ya por algún tipo de medida y haga la vista gorda y mire para otro lado".
La respuesta que siempre obtienen cuando plantean sus reivindicaciones ante el Gobierno es que no hay dinero. En cuanto a la regularización indican que todo depende de la voluntad de la Administración. Apuestan desde este colectivo por poner en marcha un equipo de seguimiento que cierre los centros que no se adapten a la legislación o cumplan la misma como nosotros. En estos momentos se impone un elevado número de requisitos para las entidades de nueva construcción en cuanto a metros cuadrados por niño, obligación de contar con un patio al aire libre de, al menos, 75 metros cuadrados, entre otros. Lo que implica que deben cumplir con un significativo número de obligaciones frente a los que ya están abiertos. En el año 2008 se dieron sucesivas prórrogas que acabaron en 2015 para regularizar estos centros pero poco o nada se ha avanzado en este tiempo.
Desde la asociación indican que hay lugares en los que existe un déficit de plazas de guarderías municipales, de manera que si se tomaran las correspondientes medidas sería posible acoger a los niños en las privadas. Entre las situaciones que se están produciendo está, por ejemplo, que hay gente que acoge a los niños en su casa, lo que supone una ilegalidad absoluta y resulta difícilmente controlable. "En general se trata de personas cercanas a las familias en paro y acogen a los menores en sus hogares".
Después está el fenómeno de las madres canguro que se hacen cargo de un grupo reducido de niños sin tener que realizar trámite alguno. En este contexto el método Montessori apuesta por acoger a los menores en casas de campo que ofrecen una experiencia diferente como granjas y huerto, y es de todos conocido que los animales están totalmente prohibidos. "Lo cierto es que lamentablemente los padres optan muchas veces por no denunciar lo que ocurre. Nosotros llevamos años de lucha y de reivindicaciones ante el Parlamento y la verdad es que llega un momento en el que sinceramente te dan ganas de tirar la toalla".
Ahora esta asociación se ha integrado en la Federación Nacional de Centros Infantiles (Fenapcein), que representa a cinco mil empresas y a mas 30.000 trabajadores, en gran mayoría mujeres, con el fin de conseguir más apoyo para sus reivindicaciones. "Lo que queremos es conseguir el máximo de peso específico para tener un trato directo con la administración", indica la presidenta. En estos momentos la práctica mayoría de las comunidades cuenta con la regulación conveniente, centros conveniados, cheque escolar o ayudas a las familias.
"No hacen falta centros públicos, sino privados con los que sea posible trabajar", dice. "Insistimos en que lo que queremos es que los niños canarios dispongan de las mismas oportunidades que en el resto de comunidades. Y que el Gobierno de una vez dé un paso al frente y se nos reconozca y equipare al resto del país. Siempre trabajando por el futuro defendiendo la voz de los más pequeños y luchando por el futuro de la infancia. Este ha sido un año duro con buenos y malos momentos, pero sin perder los objetivos a la vista: regularizar los centros alegales para dignificar nuestra profesión y evitar la ruptura del primer ciclo de la Educación Infantil de 0 a 3 años, así como ver hecho realidad el decreto que regulará las ludotecas en Canarias".