El gobierno municipal (PSOE-CC) de Candelaria reclama a la compañía Endesa los 25.000 euros que contemplaba para realojar a las 12 familias de Bajo la Cuesta afectadas por las obras de estabilización del talud. La comunicación oficial será trasladada a la eléctrica "en estos días", si bien la petición fue puesta en conocimiento de responsables de la empresa de forma verbal "hace varias fechas".

La ejecución del proyecto de revisión y reparación de las protecciones existentes y de instalación de medidas de estabilización y protección nuevas del talud de Bajo la Cuesta fue presupuestada por su propietario (Endesa) en 230.848.31 euros.

El referido proyecto valora las afecciones a las propiedades durante las obras, estableciendo como condición principal el desalojo parcial de las viviendas afectadas durante la ejecución de los trabajos. El plan de obra establecido por la empresa refleja el realojo de los 12 vecinos "durante tres meses, valorando un coste de alquiler mensual de 700 euros y un gasto total por este concepto de 25.000 euros".

Este asunto motivó discrepancias importantes entre la oposición y el gobierno municipal durante el pleno celebrado el 28 de diciembre. En el mismo, la alcaldesa llegó a mostrar su malestar y enfado por desconocer este aspecto del proyecto aprobado a Endesa hace cuatro meses, llegando a anunciar que pedirá responsabilidades por ello a los técnicos municipales.

Cabe recordar que la Oficina Técnica Municipal, del área de Urbanismo, carece de servicio jurídico propio, por lo que la regidora no excluyó a la Secretaría del Consistorio como posible responsable de lo sucedido en este punto.

Por otra parte, la Alcaldía también dispuso ya el decreto por el que el Ayuntamiento de Candelaria asume la realización de los trabajos de estabilización de la parte del talud de Bajo la Cuesta cuya propiedad corresponde a la empresa Dani Ran. Lo hará subsidiariamente.

En cualquier caso, tanto Endesa como el Consistorio candelariero no podrán completar la rehabilitación del talud mientras no dispongan de la concesión de la parte afectada por la Ley de Costas, autorización que debe emitir la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.

Mientras tanto, los vecinos de Bajo la Cuesta desalojados el pasado 17 de octubre y que carecen de alojamiento alternativo siguen pernoctando en las casetas de campaña que forman el campamento que habilitaron. Los mismos "nos seguimos preguntando cuándo comenzarán las obras", además de "quién tiene que autorizar la entrada en nuestras casas, tal y como quiere la empresa contratada para realizar la obra, por el hecho de estar precintadas". De momento, seguirán protestando ante el ayuntamiento.