La Asociación para la Defensa de los Barrancos de Güímar Saturnino García solicita la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que condena a Antonio Plasencia y al Ayuntamiento de Güímar a restaurar y desintoxicar la cantera de Las Rosas. Situada en el Camino La Boruga, fue utilizada como vertedero de residuos, denunciada por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) y precintada en el año 2006.
El colectivo recuerda que en "esta cantera ilegal de áridos" se vertieron "todo tipo de sustancias nocivas y tóxicas, entre ellas pinturas, neumáticos, aceites, vehículos (incluidas guaguas enteras), baterías de plomo y restos orgánicos". Saturnino García exige la inmediata ejecución de las obras "habida cuenta de que estas sustancias tóxicas afectan no solo al subsuelo de la cantera, sino aguas abajo".
Desde la asociación se manifiesta que el ayuntamiento pretendió eludir su responsabilidad y, respecto al empresario, el fallo judicial refleja que "está claro que el señor Plasencia no solo ha tolerado el vertido incontrolado posterior al cese del vertedero, sino que manifiestamente se ha intentado desentender de forma clamorosa de lo que ocurría, como si los terrenos hubieran pasado a manos del ayuntamiento, lo que nunca se llevó a cabo".