Amnistía Internacional denunció ayer que las nuevas leyes para hacer frente a la amenaza terrorista están erosionando derechos fundamentales como la libertad de expresión, al tiempo que han provocado que la población esté sometida a una vigilancia "sin control", especialmente extranjeros y minorías religiosas.
Es una de las principales conclusiones del informe "Peligrosamente desproporcionado. La expansión de seguridad en Europa", presentado en varias ciudades europeas, entre ellas Madrid, sobre las violaciones de derechos humanos que, a su juicio, han acarreado las nuevas legislaciones antiterroristas en 14 países europeos.
La organización advirtió de que la puesta en marcha de medidas antiterroristas con un concepto de terrorismo "vago" han supuesto que se incluyan en este término comportamientos que no lo son, como ha sucedido con la definición de "enaltecimiento del terrorismo".
"Los gobiernos tienen el deber de proteger a la gente pero no al coste de acabar con un sistema de derechos consolidado", en palabras del director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, quien dejó claro que se está produciendo "un desmantelamiento paulatino y constante" de las libertades.
Porque los gobiernos, añadió, deben proporcionar seguridad para que los ciudadanos disfruten sus derechos, pero "no restringirlos en aras de tener supuestamente más seguridad".
"España debe acometer reformas importantes para eliminar esas vaguedades y no violar los derechos fundamentales, y para que no vayan a prisión personas que nada tienen que ver con el terrorismo", reclamó Beltrán.
30 años de medidas
De España el informe resalta que, pese a que las medidas antiterroristas deben ser "excepcionales", aquí lo son "desde hace 30 años" por el terrorismo etarra, una lacra que no puede ser la excusa para seguir en el "progresivo recorte de derechos".
En el resto de Europa
Amnistía muestra su preocupación por Hungría y Polonia, donde han aprobado leyes de vigilancia "electrónica" y donde el extranjero es "el blanco" de las identificaciones. Francia también es críticada, pues su Gobierno ha renovado hasta en cinco ocasiones el estado de excepción.