Los sindicatos mayoritarios y las organizaciones empresariales envían un claro mensaje al Gobierno y a los partidos de las Islas: las políticas activas de empleo deben estar "unificadas, centralizadas y adecuadamente coordinadas para que tengan efectos reales" en la lucha contra el paro.

Esta posición se encuentra recogida en el segundo Acuerdo Bipartito para la Negociación Colectiva, la Competitividad, el Empleo y la Inclusión Social, que fue firmado ayer por los dirigentes de Comisiones Obreras, UGT, CEOE-Tenerife y Confederación Canaria de Empresarios (CCE). El documento busca promover el diálogo y la concertación social y deja traslucir la disconformidad de los agentes sociales y económicos ante cualquier "dispersión" de las políticas de empleo, empezando por la reciente atribución a los cabildos de la gestión de los fondos dedicados a esta materia en el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

Los representantes de los trabajadores se expresaron con especial contundencia en sus advertencias. "Las políticas activas de empleo no son para jugar ni se pueden manosear políticamente", señaló Gustavo Santana, secretario general de UGT en el Archipiélago, mientras que su homólogo de CCOO, Carmelo Jorge, sostuvo que "es imposible partir en siete" -en referencia a los cabildos- los ejes de estas actuaciones.

Sin perjuicio de que sean ejecutadas por otras entidades, como las corporaciones insulares, las políticas activas de empleo "deben responder a una acción coordinada, colaborativa y cooperativa entre la Administración autonómica y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas para garantizar un enfoque estratégico y estructural", argumentan patronales y sindicatos en el acuerdo bipartito.

UGT y CCOO reiteraron su indignación por los cambios introducidos en el Fdcan para atribuir a los cabildos los fondos de empleo. Jorge recordó que el Ejecutivo pidió la "ayuda institucional" de los sindicatos y las patronales en esta iniciativa. "Llegamos a un acuerdo y, por un problema de necesidades partidistas, lo que se alcanzó al final no tenía nada que ver con lo que habíamos hablado. Tomamos nota", dijo. Por su parte, Santana recordó que "los criterios del Fdcan todavía se pueden cambiar".

El documento suscrito y presentado ayer persigue "marcar la sexta concertación social" y reforzar el diálogo para "impulsar la economía, la competitividad y el empleo", expuso el secretario general de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso. La intención de los firmantes es que el acuerdo funcione como una "hoja de ruta" para las administraciones. En este sentido, el secretario general de la CCE, José Cristóbal García, auguró que el Gobierno "tendrá que escuchar" y sumarse a una negociación que supone "una amplia garantía de paz social".

Este segundo acuerdo entre ambas partes debe servir para pilotar la recuperación económica, de la misma manera que el primero se orientó a afrontar la recesión. Al mismo tiempo, opinó el máximo dirigente de CCOO en Canarias, ha de contribuir a "enderezar" la negociación colectiva tras el "disparate" que supuso la crisis.

El texto, que será enviado a las administraciones y los partidos, contiene los puntos de coincidencia entre empresarios y sindicatos en torno a las medidas necesarias para favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo. La negociación colectiva que se emprenda ahora debe permitir "profundizar y debatir" en estas líneas que comparten ambas partes.

El enfoque de las políticas activas de empleo solo es uno de los contenidos del segundo Acuerdo Bipartito para la Negociación Colectiva, la Competitividad, el Empleo y la Inclusión Social.

Para la economía sumergida, los agentes sociales y económicos sugieren poner en marcha campañas informativas y de sensibilización e impulsar un "observatorio del fraude", entre otras actuaciones. También piden un análisis del absentismo y sus causas.

En materia de creación de puestos de trabajo, los sindicatos y las organizaciones empresariales instan al Gobierno autonómico a "negociar y recuperar el Plan Integral de Empleo de Canarias", paralizado por el Estado en 2013, identifican distintos ámbitos en los que actuar para incrementar la competividad y proponen acordar medidas consensuadas para favorecer la iniciativa empresarial, alternativas para mantener el empleo e iniciativas para crearlo.

Ambas partes creen necesario, asimismo, "eliminar los obstáculos que dificultan la aplicación efectiva de la Garantía Juvenil en Canarias", un sistema que, constatan, no ha dado los resultados previstos para fomentar el empleo de los jóvenes.

El documento señala los colectivos de contratación prioritaria -jóvenes, parados de larga duración, mayores, personas en riesgo de exclusión social...- y reclama un plan de digitalización para la mejora de la empleabilidad basado en la educación y la formación continua, la innovación y el emprendimiento.

El acuerdo sostiene que los convenios sectoriales deben promover la negociación en distribución de jornada, horario y estructuras salariales para facilitar la estabilidad en el empleo, impulsar la formación en materia de negociación y fomentar el recurso al Tribunal Laboral de Canarias.