El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife comunicó ayer el rechazo a las medidas cautelares para suspender el cierre de los quioscos de Las Teresitas, medida que había solicitado la asociación de propietarios de los chiringuitos después de que la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz decretara su precinto al carecer de licencia de actividad.

De esta forma, Urbanismo tiene, ahora sí, vía libre para cerrar cinco de los nueve quioscos que aún permanecen operativos en la playa capitalina, sobre los cuales existen ya autos judiciales que avalan la decisión municipal. Falta que la Justicia se manifieste sobre los otros cuatro.

El pronunciamiento judicial llegó al consistorio justo el mismo día en el que se publicaba en los medios de comunicación, en declaraciones del concejal de Urbanismo de la capital, Carlos Garcinuño, que el ayuntamiento paralizaba el precinto de los chiringuitos hasta tanto se conociera el fallo de la Justicia.

En el auto, al que tuvo acceso ayer este periódico, se reconoce que el precinto supondría un perjuicio para los quioscos, pero se aclara que "no es irreparable ni de muy difícil reparación", ya que en caso de ser estimado el recurso -contencioso-administrativo- cabría la reapertura.

Es decir, "no estamos ante un supuesto de ejecución irreversible como es el caso de una orden de demolición", aclara el auto, que precisa también que "el tiempo de cierre puede ser indemnizado económicamente por la Administración en caso de estimación del recurso contencioso".

No obstante, también deja claro el fallo judicial que los quiosqueros "no acreditan" tener licencia de actividad u otro título habilitante, como declaración de responsabilidad, a pesar de ejercerla sobre suelo de dominio público.

Y, acto seguido, señala que el hecho de que haya existido "tolerancia" de las administraciones públicas ante la actividad de los chiringuitos "no justifica" una apariencia de buen derecho que subordine la presunción de validez de la actuación administrativa.

En este sentido, el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz recalca que "prevalece" el interés general de preservación de salud pública y de ordenación de actividades clasificadas, sobre el interés particular lucrativo de ejercer la actividad de quiosco-bar, sin acreditar título habilitante conforme a la normativa de actividades clasificadas, en suelo que es de dominio público.

Y al respecto, detalla que los chiringuitos "incumplen" la normativa sobre frigoríficos y congeladores, suministro permanente de energía eléctrica y la correcta evacuación de aguas residuales, entre otros aspectos. Es más, sobre este último aspecto detalla que no solo afecta a la salud pública, sino a las potestades urbanísticas y de actividades clasificadas.

"Hablaremos con Fernando Clavijo"

"Tememos que el cierre sea inmediato. Y más cuando el propio concejal de Urbanismo nos ha dicho que tiene la conciencia muy tranquila y que va a proceder a cerrar todos los quioscos que le han autorizado, sin pensar en las familias que dejan en la calle". Así se manifestó ayer Irache González, empleada del quiosco Lucas, tras conocer al auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife que rechaza las medidas cautelares solicitadas por la asociación de quiosqueros.

"Llevamos muchos años trabajando. Y hay una media de siete empleados por quiosco", remarcó González, quien se quejó de que el ayuntamiento "no nos quiere recibir".

"Hemos pedido por segunda vez una reunión con el alcalde -la solicitaron el jueves-, pero tampoco nos han dado respuesta", añadió esta empleada, quien avanzó que si el regidor de la capital, José Manuel Bermúdez, "no da la cara y nos escucha, que somos su pueblo", pedirán reunirse con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

"Que no nos cierren sin escucharnos. Queremos solo que nos regularicen, y está en su mano, en su voluntad política, que nos den una licencia temporal hasta que se vaya a realizar la obra de la playa", dijo González. "Mientras eso suceda, los únicos que han dado un servicio público durante más de 40 años son los quioscos que están ahora", añadió la empleada.

En esta línea, Antonio López, presidente de la Asociación Empresarial de Bares y Quioscos de la Playa de Las Teresitas, reconoció que "no entiende" la decisión del juez, aunque subrayó que esta decisión "no obliga" al ayuntamiento a cerrar los quioscos. "Que nos regularicen, que nos den una licencia provisional; esa es una decisión política", indicó López, quien insistió en demandar al alcalde "una reunión" para abordar este asunto.