La interventora del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane intervino en la última sesión plenaria para advertir a los grupos políticos de que la corporación local no podía acordar el establecimiento de un IBI social por cuestiones de legalidad, justo cuando se iba a debatir una moción sobre esta materia presentada por el Partido Socialista.
La técnico se refirió a una sentencia del Tribunal Supremo de hace dos años que pone en entredicho la potestad de los ayuntamientos para encubrir a través de subvenciones el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles a las familias con propiedad pero sin recursos. El caso juzgado se centró en la actuación del Ayuntamiento de Castro Urdiales, en Cantabria.
Sin embargo, los grupos municipales decidieron aprobar la moción, a la espera de que los servicios técnicos del ayuntamiento encuentren una herramienta legal para su aplicación, tal y como ya se hace en otros muchos ayuntamientos.
La interventora municipal dijo que el Pleno no puede acordar este tipo de regulación del IBI
El propio Partido Socialista remitió ayer domingo un comunicado en el que advierte de que la moción aprobada "ni en su redacción originaria ni en su aprobación final, entra en conflicto con la autonomía municipal en la regulación de las Haciendas Locales, ni con cualquier otro cuerpo legal en lo referente a la posibilidad de que los ayuntamientos regulen sus tributos conforme a la Ley, y mucho menos tienen los socialistas en este municipio que hacerse eco de las sentencias que haya dictaminado no sólo el Supremo, ni cualquier otra instancia en la casuística específica que no concierna específicamente a Los Llanos".
El PSOE dice que "no nos encontramos en un Estado de Derecho que base su funcionamiento en el precedente judicial, sino en el amparo de la Ley, al cual nos remitimos".