Izquierda Unida Canaria y el Partido Socialista en Los Llanos de Aridane han solicitado, entre ambas formaciones políticas, que se cite a una veintena de políticos y técnicos para declarar en la comisión especial creada por el Pleno para clarificar los responsables de que el ayuntamiento "se olvidara" de cobrar durante casi una década el canon de los aparcamientos subterráneos.
A la hora de hacer a finales de 2016 la liquidación de esta tasa que debía estar pagando cada mes la concesionaria del parquin situado en los bajos de la plaza Juan Pablo II, el ayuntamiento apenas pudo reclamar al empresario casi la mitad de la deuda acumulada, al prescribir más de 129.000 euros que, a la postre, se han dejado de ingresar en las arcas municipales.
La mayoría de las personas que se incluyen en esta "lista" de citación ha sido propuesta por IUC, según las diferentes fuentes municipales consultadas por esta redacción, formación que pretende que la investigación se retroceda en el tiempo y se cite, como punto de partida de la concesión administrativa del parquin, al exalcalde y ahora diputado regional Juan Ramón Hernández Gómez, que fue en su día el responsable de la firma del contrato con Fuente Olen, primera empresa a la que se adjudicó esta explotación.
El grupo que forman Felipe Ramos y Mariela Rodríguez han pedido que declaren otros políticos como el exalcalde Juan Ramón Rodríguez Marín, que se encargó de entablar negociaciones con la empresa Dos Tumbos para que se hiciera cargo del subterráneo, tras encontrarse con un auténtico agujero de grandes dimensiones en el centro del pueblo; o incluso el exprimer teniente de alcalde José María de Vargas, además de diferentes técnicos municipales que de una u otra manera han tenido algún tipo de intervención con este expediente, e incluso el empresario que tiene la concesión administrativa.
De forma desproporcionada o no, la intención de IUC es una: saber cómo hubo un "olvido" que duró durante una década. Y no parece fácil de explicar.
Tanto el Partido Popular como Coalición Canaria evitaron presentar nombres (no sumaron ninguno) a la lista de personas con supuestos conocimientos para aclarar el costoso "error" del ayuntamiento, aunque los populares ya habían dejado claro en diferentes sesiones plenarias que eran partidarios no tanto de esta comisión especial, que aceptaron a regañadientes, sino de remitir toda la documentación al Ministerio Fiscal para que depure, si existieran, responsabilidades, una postura que mantendrá incluso en la próxima junta de portavoces prevista para el lunes y donde están representados PP, CC e IUC.
Pese a las pretensiones del Partido Socialista y especialmente de Izquierda Unida sobre el funcionamiento y operatividad de la comisión, constituida el jueves 2 de febrero y que celebró su primera reunión el lunes 8 del mismo mes, la realidad es que las expectativas creadas entorno a la misma han dado un giro legal inesperado, después de que la secretaria municipal presentara un informe en el que limita las competencias de la comisión, hasta el punto de prácticamente encorsetar la investigación tan solo a los que forman parte de la misma, y la voluntariedad, en su caso, de las citaciones; es decir, que ni tan siquiera los trabajadores municipales que pudieran ser llamados tiene la obligación de declarar todo aquello que supieran sobre lo ocurrido. En resumen: la secretaria, que está en la lista de posibles personas a citar, aclara, por si alguien tenía alguna duda, que no se está ante un estamento judicial. La valoración de la secretaria, fue en parte cuestionada por una parte de los representados en la comisión, hasta el punto de defender otras tesis judiciales que serán presentadas y analizadas en una próxima reunión.