La Justicia venezolana acordó congelar las cuentas bancarias que tenía en el país la empresa brasileña Odebrecht y le prohibió enajenar o gravar sus bienes, muebles e inmuebles, informó hoy el Ministerio Público (MP, Fiscalía).

El MP -que dirige la investigación de presuntas irregularidades en las contrataciones de Odebrecht en Venezuela- indicó en un comunicado que dicha medida de bloqueo fue solicitada por dos de sus fiscales ante un tribunal caraqueño.

La Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela registró la noche del martes las oficinas de Odebrecht en Caracas, días después de que el presidente del país, Nicolás Maduro, y el Parlamento pidieran a la Justicia investigar el caso.

La Fiscalía subrayó hoy que supervisó este procedimiento, que buscaba "recabar elementos de interés criminalístico".

"Dicha investigación está dirigida a esclarecer la situación y determinar si las obras para las cuales fue contratada esta compañía están culminadas o no; además de verificar cuál sería el destino del dinero cancelado por las mismas, y para corroborar si algunos funcionarios públicos se beneficiaron con esas negociaciones", según el comunicado.

La Fiscalía recordó que en enero solicitó una orden de aprehensión contra una persona -sin especificar su nombre- por estar presuntamente vinculada con el caso, y requirió que sea incorporada al "código rojo" de Interpol, en caso de que esta se encuentre fuera del país, para que sea aprehendida y extraditada al país caribeño.

En diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló documentos en los que detallaba presuntos sobornos por unos 788 millones de dólares de parte de la empresa brasileña en doce países de América Latina y África.

En el caso venezolano, Odebrecht habría pagado unos 98 millones de dólares en sobornos para hacerse con contrataciones de obras públicas, según esos documentos de EEUU.

Algunas de estas obras no han sido culminadas y el Gobierno venezolano anunció una nueva inyección de recursos y un plan para reactivar los trabajos con mano de obra local.

Con el fin de intercambiar datos sobre este caso, la Procuraduría General de Brasil citó para el jueves a delegados de las Fiscalías de Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela.