El gobierno municipal de Candelaria solicitó a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) “que sean los ayuntamiento de Güímar y Arafo los que inicien el trámite para la legalización de los vertidos de aguas residuales a través del emisario submarino del Polígono Valle de Güímar, poniéndose el término municipal de Candelaria a la disposición de estos para cooperar en la medida y proporción que hacemos uso del mismo”.
Es lo que consta en el expediente sancionador abierto, tras un segundo requerimiento al Consistorio de la Villa Mariana (no respondió al primero), por la Apmun a los ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar “como presuntos responsables directos y solidarios” de un vertido no autorizado al mar a través del emisario submarino del Polígono Industrial Valle de Güímar. La sanción asciende a unos 30.000 euros.
Fernando Alduán, concejal de Urbanismo y firmante de las alegaciones, admite en las mismas que Candelaria utiliza el emisario submarino para los vertidos procedentes de “una parte del Polígono” localizada en su ámbito territorial, “así como Playa de la Viuda”, el barrio costero situado junto al área industrial. Pero se escuda en que “no es menos cierto que el término municipal de Arafo lo hace en su totalidad, así como parte del término municipal de Güímar no solo en lo que al Polígono se refiere, sino a su zona residencial”.
Desde Vecinos por Candelaria (VxC), formación que denuncia públicamente la situación, se critica que “esto lo dice un concejal que sabe que las obras de urbanización del Polígono Industrial de Güímar están recepcionadas desde 2013, es la respuesta de un concejal de un municipio de una comarca que está siendo investigada por Europa por vertidos, esta situación de ilegalidad es tolerada por un concejal que no se dignó a contestar a un primer requerimiento y cuando lo hace contesta intentando eludir la responsabilidad”.
La Apmun multa a las corporaciones municipales tras una denuncia que data del 4 de junio de 2015, cuando sus agentes detectaron “el vertido de agua al mar sin autorización” y a través del emisario emplazado en suelo adscrito al municipio de Arafo. Cuatro días después, los ayuntamientos fueron requeridos “para que procedieron a regularizar la situación”. La denuncia inicial fue presentada ante la Apmun el 30 de marzo de 2015 por parte del Servicio Provincial de Costas. Ahora, el consorcio interadministrativo concede un mes de plazo para que cese el vertido de agua al mar objeto de la sanción.