Las juezas del tribunal que condenó a Iñaki Urdangarin a 6 años y 3 meses de cárcel y a su exsocio Diego Torres a 8 años y 6 meses de prisión por delitos fiscales y de corrupción ya están en la Audiencia de Palma que decidirá si les impone medidas cautelares.
Entre las 7.20 y las 7.50 horas han entrado en el tribunal las magistradas Rocío Martín, Eleonor Moya y la ponente que redactó la sentencia del caso Nóos, Samantha Romero.
Más de medio centenar de periodistas, fotógrafos y cámaras aguardan ya tras unas vallas de seguridad colocadas en el exterior de la Audiencia de Baleares, custodiada por la Policía Nacional, que ha desplegado por el área a al menos una treintena de efectivos apoyados por perros.
En las inmediaciones del edificio de la Audiencia, un antiguo palacete ubicado en el centro de la ciudad, hay estacionadas cinco furgonetas de la Policía Nacional y el mismo número de unidades móviles de canales de televisión y de radio.
Cerca de los portones de la sede judicial de las islas, una veintena de periodistas de canales de televisión informan en directo o se preparan para ello sin que al parecer despierten curiosidad entre viandantes y curiosos, ya familiarizados con esta clase de actos.
El tribunal provincial admitió la solicitud del fiscal Anticorrupción Pedro Horrach y convocó las vistas con Urdangarin y Torres para hoy a las 10.30 horas, a puerta cerrada.
El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach concretará ante la sala de la sección primera de la Audiencia de Palma que juzgó el caso las medidas cautelares que pide para Urdangarin y Torres en dos vistas separadas, una para cada uno de los dos exsocios.
Si bien el criterio general del Ministerio Público es solicitar el ingreso inmediato en prisión para condenas superiores a cinco años, Horrach sopesa si pedir el ingreso en la cárcel, prisión eludible con fianza o algún otro tipo de medida cautelar, ya que acomodará su petición a las circunstancias concretas del caso.
También han sido citadas para exponer su postura otras tres acusaciones: la Abogacía del Estado, en nombre de Hacienda, la Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares y Manos Limpias.
Las defensas de Urdangarin y Torres plantearán a su vez las alegaciones que consideren oportunas, antes de que las juezas decidan al respecto.
La sala resolverá sobre las medidas cautelares que se planteen y no podrá imponer ninguna que sea más gravosa de la solicitada por las acusaciones.
En el caso de que alguna acusación solicite la prisión provisional, el tribunal deberá estudiar si concurren los requisitos exigidos en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La Audiencia de Palma condenó el viernes pasado a Urdangarin a 6 años y 3 meses de cárcel por delitos de prevaricación continuada en concurso medial con falsedad y malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y dos delitos contra Hacienda.
Diego Torres fue condenado a 8 años y 6 meses por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con falsedad y malversación; fraude a la Administración, tráfico de influencias, delito contra Hacienda y blanqueo.
El tribunal considera que la contratación del Instituto Nóos que lideraban Urdangarin y Torres para organizar los dos Illes Balears Fórum de 2005 y 2006 y una oficina del proyecto del patrocinio del equipo ciclista Illes Balears, por lo que cobraron unos 2,6 millones de euros, fue una "decisión caprichosa" del entonces presidente balear, Jaume Matas (condenado a 3 años y 8 meses de cárcel), que posteriormente trató de "revestirse de un ropaje de legalidad".
Según la sentencia, esos contratos fueron "decisiones arbitrarias, orillando la legalidad puesto que conculcaron los principios de publicidad, concurrencia y objetividad".