El Ayuntamiento de San Miguel de Abona ya tiene presupuesto para este año. Asciende a 15.051.093,22 euros, aumenta un 0,48% respecto al actual y fue votado solo por el gobierno municipal (CC y PSOE). Pero el documento es la constancia de que "voluntad y realidad no van de la mano", tal y como expuso la portavoz del Grupo Popular, María José Tacoronte, que en su amena y didáctica intervención dejó claro que este documento presupuestario es "un buen ejercicio de corta y pega con un lavado de cara de las cuentas".

Seguridad, Comercio, Turismo, Pymes, Protección de Menores, Asistencia Domiciliaria, Empleo, Bibliotecas, Ludotecas... Son capítulos y servicios que ven reducida su asignación, según la oposición (CCN y PP), que también coincide al asegurar que "este gobierno municipal cuesta más que el anterior". De hecho, María José Tacoronte citó como ejemplo del gasto superfluo los 15.000 euros para mobiliario de la Alcaldía.

Más explícito fue Valentín González, portavoz del CCN, al apuntar que los 412.492 euros que cuesta al municipio sanmiguelero su gobierno local y el personal de confianza del mismo es un exceso injustificado. Algo parecido a su valoración del gasto en personal, que se incrementa el 1,19% y que suma 5.914.961 euros. "Es más del 40% del presupuesto. Una barbaridad", sentenció el exalcalde.

Los 5,9 millones de euros con que está dotado el Fondo de Contingencia de la Ejecución Presupuestaria hacen del mismo "un cajón de sastre, un dinero para uso discrecional".

A más de un millón de euros asciende el dinero que reserva el Presupuesto de 2017 para inversiones, duplicando la cifra del año anterior, "de la que ejecutaron el 89%", recordó la portavoz del PP.

Antonio Manuel Rodríguez, concejal de Economía, Hacienda, Servicios Generales y Personal, defendió un documento "realista, coherente y prudente" que "no verá mermada la dotación en gastos en servicios sociales" y que aumenta la emergencia social (5%), ayudas al estudio (14%), empleo (10%) y Protección Civil (25%), por ejemplo.

El concejal aseguró que se trata de "un presupuesto que cumple con la estabilidad presupuestaria y con todas sus exigencias legales", que "destaca por su nivel inversor" y está "marcado por la contención del gasto y la optimización de los recursos". Además, sobresale "la apuesta por las políticas de empleo únicas posibles, como son los planes de empleo social, los programas de formación con alternancia con el empleo y con la formación a través de los planes experimentales de empleo".

La deuda pública financiera la cifró en el 24%, es decir, 3.637.833,03 euros, dijo Antonio Rodríguez.