Inversiones Las Teresitas (ILT), entidad formada por los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, compradores en 1998 de los terrenos de la playa, han presentado una reclamación tras desestimar la Gerencia de Urbanismo por "silencio administrativo" la declaración de caducidad de los aspectos incumplidos del convenio urbanístico de 1986.

Este acuerdo, suscrito, entre otros, por el exalcalde Manuel Hermoso y el asesor de la Junta de Compensación de Las Teresitas, Mauricio Hayek, suponía la cesión gratuita de 623.700 metros cuadrados. Estos se repartían entre los 63.700 metros cuadrados de terrenos ocupados por la playa y sus accesos y otros 560.000 sobrantes de la nueva ordenación, clasificables como espacio de rehabilitación paisajística. Asimismo, mediante este convenio pasaba a ser propiedad municipal la edificabilidad complementaria de los espacios libres situados entre San Andrés y la playa.

Otra obligación era que la Junta debía abonar 11 millones de pesetas (66.000 euros) al ayuntamiento en el plazo de un año a partir de la modificación del plan parcial de Las Teresitas que permitiría la edificabilidad en el resto de terrenos que no estaban afectados por la cesión de los 63.700 metros cuadrados.

En ese acuerdo, la Junta de Compensación, en la que aún estaban incluidos todos los propietarios de los terrenos, se comprometía a reducir la edificación prevista en el plan parcial anterior, que databa de 1970, en casi 1,5 millones de metros cúbicos, pasando de 2.496.880 metros cúbicos a menos de un millón de metros cúbicos, y, sobre todo, "regalaba" a la ciudad los terrenos de la playa y los accesos, que sumaban los citados 63.700 metros cuadrados.

Las obligaciones del ayuntamiento se limitaban a garantizar la conexión a servicios de agua, electricidad y telefonía, pagar el 25% del coste de construcción de un emisario submarino y aportar plantas. Lo que tampoco se cumplió al no haber obras de urbanización.

La solicitud de ILT fue presentada el 19 de julio de 2016 y se encontró con la desestimación por silencio administrativo. Lo que quieren los empresarios es que todos aquellos aspectos que se han incumplido queden sin efecto.

En un anuncio publicado ayer en el BOP por Urbanismo se advierte de que si los empresarios se personan fuera del plazo ante el Juzgado contencioso-administrativo nº 2 de Santa Cruz, "se les tendrá por parte para los trámites que aún no hayan prescrito a esa fecha. En caso de que optaran por no personarse, continuará el procedimiento por todos sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna".

El concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, no entró a valorar un anuncio "muy jurídico". No obstante, indicó que es el organismo autónomo el que emplaza a ILT para que se persone en el Juzgado en el procedimiento 325/2016.

Los abogados defensores consideraban que la reclamación de dinero había caducado debido al tiempo transcurrido desde la firma. Fue justo antes de la compra del ayuntamiento en 2001 cuando supuestamente el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, tuvo conocimiento del acuerdo y preguntó si podían recuperarse los terrenos. Pero no se hizo ninguna gestión hasta que el nuevo alcalde, José Manuel Bermúdez, llevó la documentación a la Fiscalía en 2013.

Garcinuño: "Podría optarse por algo mejor que autobares"

"No tendrán saneamiento en la playa ni lo tienen en ningún sitio donde se instalan porque solo podrán servir comidas y bebidas preparadas". Fue la respuesta del concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, ayer en Radio El Día a la pregunta de por qué los quioscos precintados, no, y los autobares, sí en Las Teresitas. Añadió que "es una de las posibilidades que maneja Infraestructuras como medida rápida y urgente para paliar la ausencia de servicios en la playa. Lo ideal es poner nuevos quioscos con lo que marca la ley y todos iguales. Provisionalmente, durante unos meses mientras se tramita el expediente puede ser una alternativa. Pero en mi opinión se podría optar por una solución mejor resuelta y con algo más de cariño hacia la playa".