En el billar francés hay carambolas a tres bandas. Y en la política también. Lo que no se puede arreglar en casa a veces se consigue impulsar desde fuera. Es el caso de la representación política en Canarias. La fundación de la autonomía se construyó sobre el pilar del equilibrio entre las islas. Décadas de desconfianza dieron lugar a un pacto por el que las islas menos pobladas del archipiélago obtuvieron la misma representación que las más pobladas. Y además, también de carambola, se consiguió un equilibrio entre las dos provincias para solucionar la jaqueca del sempiterno pleito capitalino.

Las elecciones al Parlamento de Canarias se basan en la circunscripción insular. Cada una de las siete islas elige a sus diputados a la cámara legislativa regional. Así ha sido desde la construcción autonómica hasta hoy, en que se pretenden cambiar las reglas de juego.

El 13 de diciembre del año pasado se tomó en consideración en el Congreso la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía remitida por el Parlamento canario al Congreso de los diputados. Ahora, PSOE, Podemos, Ciudadanos y Nueva Canarias han anunciado que presentarán en las Cortes españolas enmiendas a la disposición transitoria primera de esa propuesta para cambiar el número de diputados que se concede a cada isla, en el sentido de corregir la prima que se da a las islas menos pobladas. O lo que es lo mismo, follón al canto.

La desproporción entre lo que "cuesta" un diputado en un territorio o en otro existe en todos los sistemas electorales en España. En las elecciones generales hay circunscripciones que obtienen diputados con menos votos que otras. Es cierto que en el caso de Canarias esa desproporción es muy importante en el caso de islas como El Hierro o La Gomera, por ejemplo.

Canarias cuenta con una sola cámara que es, a la vez, representación de los ciudadanos y los territorios. El complicado sistema que se fraguó en los momentos de la creación de la autonomía ha favorecido a los partidos que tienen implantación en todas las islas, especialmente en las llamadas "menores". Y para los partidos que operan en las grandes áreas metropolitanas de las islas mayores (con el 80% de la población y sólo el 50% de los diputados) la única manera de llevarse el gato al agua es cambiar las reglas del juego.

Lo que pasa es que el "hecho insular" tiene un enorme peso. Tanto que es la excepción, por ejemplo, en el criterio provincial de las circunscripciones al Senado contemplado en la Constitución Española. Por no citar que es la base del hecho diferencial canario a nivel fiscal. Tocar ese avispero, por largo que sea el palo (tan largo como de aquí a Madrid) no va a evitar que se líe a lo grande en las islas. Si las Cortes cambian sustancialmente la propuesta de Estatuto remitida desde Canarias -que se tramita como Ley Orgánica- al Parlamento regional sólo le quedarían dos opciones: o tragárselo o retirar la propuesta de reforma. A esa disyuntiva vamos de cabeza.