No hace ni dos meses que José Miguel González -economista, exdirector de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife- asumió su cargo de director general de Trabajo del Gobierno canario. Su reto es que la mejora del empleo vaya más allá de las cifras y se sienta también desde el punto de vista cualitativo.

Acaban de conocerse los datos del paro de febrero.

Desde mediados de 2013 hay una cierta recuperación. Los tres años siguientes fueron buenos en relación a lo que había sucedido antes. Se pasó de una situación de destrucción de estructura económica y de empleo a una de no destrucción de los ocupados, o de empeorar menos. Ahora se está produciendo una generación neta de horas y puestos de trabajo. Los datos del mes pasado son lo suficientemente esperanzadores. Estamos por encima de la media, pero no se puede bajar la guardia y hay que seguir apostando por más calidad en el empleo.

Se discute la calidad del empleo que se crea.

Hay una máxima que recogimos desde el principio en la Dirección General: la calidad de un empleo no solo ha de verse desde el punto de vista de la retribución y de la duración del contrato, sino también de las condiciones de desempeño de ese trabajo. Eso es lo que intentamos, que las condiciones de trabajo sean adecuadas a la legislación imperante.

¿Cuál es el actual nivel de salud laboral en Canarias?

La salud y la seguridad laboral van en relación con la evolución de la actividad económica. Las condiciones tienen que ser las que exige la normativa, pero en determinados sectores, ante el incremento de la cifra de personas que presumiblemente van a incorporarse a un puesto de trabajo, existe una mayor probabilidad de que ocurran determinadas incidencias. Nuestro trabajo es minimizar su número y su gravedad. Para eso no solo están las campañas de inspección y sanción, aunque hay una legislación que cumplir y por lo tanto hay que mantenerlas, sino las de sensibilización. Estas deben ir dirigidas no solo a la plantilla, sino también a los órganos directivos y mandos intermedios, que tienen que incorporar la prevención en materia de riesgos laborales a la genética de la empresa. Un trabajo más saludable significa un trabajo más productivo y una empresa más competitiva.

Canarias siempre ha sido una de las regiones con mayores índices de siniestralidad laboral.

En su día sucedía eso porque había un sector de la construcción con una mayor probabilidad de ocurrencia de incidencias. Ese sector ha aminorado su valor añadido bruto en el PIB y a partir de ahí ha descendido la siniestralidad. Hay que incorporar medidas que prevengan, sensibilicen y permitan que la probabilidad de accidentes no dependa de que haya más o menos personas trabajando.

¿Ha faltado cultura de prevención?

Más bien ha sido que la prevención no se ha visto como esa asignatura primordial que hay que aprobar sí o sí. Hay determinadas circunstancias en que da la sensación de que la prevención te tiene que venir dada, cuando eres tú quien la tienes que implementar, como empresa, como trabajador y como autoridad laboral. Las circunstancias ahora son diferentes: estamos en un proceso de recuperación de la actividad económica y, por lo tanto, de un mayor número de personas que trabajan. Ahora nuestro trabajo es que esa nueva situación no genere una mayor accidentalidad.

La Consejería ha anunciado la repetición del plan especial de inspecciones.

Estamos en conversaciones con la Inspección de Trabajo. Los datos que se extrajeron son relativamente positivos. Siempre es bueno reforzar las plantillas, aunque sea temporalmente, no solo desde el punto de vista de la inspección, sino de nuestros técnicos de prevención. No se trata de hacer cosas nuevas, sino de sostener aquello que relativamente funciona. Estamos analizando qué sectores económicos tienen un mayor incremento en el nivel de contrataciones. Estadísticamente se ve cuándo necesitas un mayor número de horas de trabajo y cuándo hay determinados tipos de contrato que no se adecuan a la jornada final y, por lo tanto, hay que regularizarlos. También tiene un efecto preventivo: simplemente el anuncio de que se va a hacer esa campaña genera una sensibilización adicional por parte de las empresas para que se regularicen todas las situaciones.

Los empresarios han propuesto que se centren más en la economía sumergida.

El plan tendrá diferentes ámbitos: prevención de riesgos, regularización contractual de empleo irregular y también economía sumergida. El problema es que, como su propio nombre indica, es economía sumergida. No se ve, y por ello no tienes total certeza de ir a poder aflorarla. Para llevar a cabo la total regularización va a ser necesaria la colaboración y participación de las organizaciones empresariales y sindicales, que son quienes están en el terreno y detectan esas situaciones. Nosotros actuamos de parte y estamos al servicio del administrado.

¿Cuál es la incidencia de la economía sumergida en Canarias?

Por el puesto que ocupo, no debo aventurarme a establecer porcentajes. Solo hay estudios estimativos. En su época, la economía sumergida llegaba en torno al 28%. Hablo de 2009, cuando la crisis hizo evolucionar la tasa de paro de forma importante. Obviamente, ha sido un estabilizador automático social, pero totalmente recriminable. Hay que tener tolerancia cero a a la economía sumergida. Pero hemos encontrado que puede convertirse en una oportunidad de afloramiento de estructura económica regular. El mercado necesita de esos servicios. Se va a fomentar esa actividad para transformar lo que es una economía irregular en una completamente regular, con todas las obligaciones laborales, fiscales y burocráticas al día. Se ha calculado que la economía sumergida correlaciona con la tasa de paro. En Canarias más o menos se establece ese comportamiento, por lo que estará en torno al 24% o 25%.

¿Cuáles son las herramientas necesarias para la regularización de la economía irregular?

Por un lado, la sanción. Si hay unas circunstancias que no se han regularizado y tras su análisis se ve que no hay otro remedio, se aplica el régimen de sanciones. Por otro lado, la incentivación. Esta puede venir de esa investigación que se hace, con una llamada a aquellas personas u organizaciones que quieran aflorar su situación. Ahí entran nuestros servicios de asesoramiento y los de la Inspección de Trabajo. También están las campañas de sensibilización. La economía sumergida no solo afecta a empresas y trabajadores, sino a la sociedad en general. Aceptar un servicio sin factura es economía sumergida, o aceptar ser parte de una empresa en la que tu contrato no se ajusta fielmente a tu desempeño. Esas campañas de sensibilización también deben dirigirse a la demanda, para que el consumidor adopte una posición de rechazo total a estas unidades de negocio que no cumplen con todos los requisitos legales.

En ocasiones los empresarios vinculan la economía sumergida con la alta presión fiscal.

Las normas son las normas. No creo que la carga fiscal sea un problema. Hay gente que estima excesiva la carga burocrática. Ahí es donde aparece esa irregularidad, no por dolo, sino porque tu gestoría no ha hecho algún trámite administrativo. Para eso hay diferentes intensidades en el nivel de investigación y de sanción. La propia Administración se está poniendo al servicio del administrado para simplificar todo lo que se pueda.

¿En qué sectores está más extendida la economía sumergida?

Al estar correlacionada con la tasa de paro también lo está con los sectores más afectados. No tengo un análisis pormenorizado sectorial. Se tuvo en su día porque había proyectos sobre ello. Las campañas que se lleven a cabo han de hacerse de forma proporcional al número de empleos y a la actividad económica que genera en cada momento. Ahora bien, el mayor acierto que se puede tener para detectar situaciones es en función de la información que los distintos agentes económicos nos puedan transmitir.

Las organizaciones empresariales han reclamado que se las dote, como hace algunos años, de recursos para detectar y aflorar la actividad irregular.

En breve sacaremos el plan estratégico de subvenciones para 2017, pero todavía queda camino que recorrer. En su momento hubo gabinetes técnicos de economía sumergida y empleo irregular -yo dirigí uno de ellos hace muchos años-. La crisis provocó una disminución drástica de las transferencias y su actividad se redujo a meras campañas. Estamos buscando financiación para habilitar no solo gabinetes técnicos de economía sumergida, sino también de seguridad en el trabajo, que en su día existieron y se tuvieron luego que reducir a la mínima expresión. El conocimiento sobre el terreno que tienen las organizaciones es de alta calidad y hay que ponerlo a funcionar.

¿Cuál es la situación de los recursos humanos en la Dirección General de Trabajo?

Toda la Administración tiene limitados los recursos. La no reposición de las plazas vacantes genera muchos problemas. Tenemos personal muy preparado y muy cualificado, lo que proporciona seguridad jurídica, pero hay necesidades que, incorporándonos dentro de los denominados sectores prioritarios, estamos intentando resolver. Quiero recalcar, no obstante, el compromiso, la profesionalidad, la motivación y la predisposición del personal de la Dirección General, que no da nada por perdido. Eso me ha generado mucha comodidad en mi aterrizaje.

¿Cuánto personal se incorporará?

Estamos intentando que se cubran todas las vacantes. Es complicado, pero ese es nuestro objetivo. En materia de técnicos de prevención ya estamos recogiendo los frutos y han venido refuerzos en ambas provincias.

¿En qué medida ha afectado la reforma laboral de 2012 a la calidad del empleo?

La reforma laboral tiene dos capítulos. Uno es a través de la aminoración de las indemnizaciones por despido. Desde el punto de vista científico, la contratación no depende del coste del despido, sino del crecimiento económico, y, por lo tanto, de la necesidad de un mayor número de horas de trabajo en tu empresa. Cuando contratas a alguien no estás pensando en cuánto te cuesta despedirlo. Pero el Gobierno central estimó necesario abaratar el coste del despido.

A su juicio, equivocadamente.

La flexibilización de las relaciones laborales no fue la mejor opción, porque se daba por sentado que la actividad económica no iba a subir, sino a disminuir. La política económica no tiene por qué asumir una circunstancia de crisis; debe enfocarse a un incremento de la actividad productiva. El otro capítulo de la reforma eran los incentivos a la contratación, pero como al principio no había fondos ni necesidad, dado que no había demanda, esas modalidades contractuales no fueron explotadas en su máxima expresión. Desde el punto de vista de la recuperación de la actividad económica, ahora sería inteligente plantear esas medidas. Hay una que en Canarias se ha defendido desde hace tiempo. El Régimen Económico y Fiscal no es solo una modificación tributaria, sino que ampara modificaciones contractuales relacionadas con la cotización a la Seguridad Social. Como región alejada y diferente, necesitamos un sistema de compensaciones, no de ayudas o subvenciones, para corregir esas desventajas respecto al territorio continental.

¿Los altos índices de contratación temporal tienen que ver con la reforma laboral o ya estaban ahí?

La temporalidad siempre ha estado presente. Recuerdo que en 1992 o 1993 llegaba incluso al 98%. Eso sí lo corrigió algo la limitación de la concatenación de contratos temporales, pero siempre ha sido alta, no solo en Canarias, sino como comportamiento general en España. Es verdad que aquellas comunidades autónomas con mayor intensidad en la función trabajo, entre ellas Canarias, presentan índices más altos.

¿Los contratos a tiempo parcial se han incrementado?

Sí. Como las empresas no necesitaban un mayor nivel de jornada completa se empezó a incorporar una modalidad contractual que también ha existido siempre, tanto en el trabajo indefinido como en el temporal. Se detectó que el tiempo parcial pudiera haberse estado utilizando como sustitutivo de una jornada completa. Ahí aparecieron las campañas de sensibilización e inspección para conseguir un mejor afloramiento de esas modalidades, de manera que se respetaran aquellas jornadas que realmente estaban hechas para un tiempo parcial y se ampliaran las susceptibles de ampliarse hasta jornada completa.

¿Cuáles son los trabajos del futuro en Canarias?

Cuando una persona invierte en un sector económico es porque tiene rápida rentabilidad. El turismo está y seguirá estando. Desde mi punto de vista como profesional, y no como director general, no existe monocultivo turístico; existe diversificación dentro del propio sector. Sigue habiendo demanda internacional de servicios turísticos y Canarias es una potencia mundial. Con solo dos millones de habitantes ha conseguido captar 15 millones de visitantes. Es un caso de éxito total y nos falta creérnoslo. El sector de la construcción irá reduciendo la demanda. En la industria tenemos la limitación de la lejanía y la insularidad. Ahí es donde la conectividad debería ser uno de los yacimientos de negocio más importantes. Es necesario configurarnos como un enlace entre los tres continentes. Canarias está lo suficientemente desarrollada como para poder erigir su liderazgo. Además, las inversiones en economía del conocimiento y el tratamiento de datos ya no son futuro, sino presente. No hace falta la dimensión física para convertirte en el centro del mundo en esa materia. Tenemos casos de éxito en los que nuestros servicios de atención al cliente se prestan desde Canarias a cualquier empresa del centro de Europa.

¿Volveremos alguna vez a bajar del 10% de paro?

La tasa de paro está por encima del 20% y ha crecido exponencialmente desde 2008, aunque ahora se ha aminorado. En cuatro años hemos bajado cinco puntos. Es poco creíble que a corto plazo se baje del 10%. Pero al menos tenemos que trabajar, con medidas de incentivación a la contratación y modificando las cotizaciones a la Seguridad Social, para conseguirlo en algún momento. Es un reto al que hay que aspirar y no debemos cejar en el empeño.