El acuerdo alcanzado el pasado jueves por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife para el cierre del Anillo Insular de carreteras de esta isla es una gran noticia, aunque existen algunos flecos sueltos por aclarar. Después de meses de tira y afloja entre la Consejería regional de Obras Públicas y la Corporación insular, parece que la llegada de Pablo Rodríguez al citado departamento autonómico despejará el camino a una carretera que los tinerfeños demandan desde hace ya demasiado tiempo. Fuera por cuestiones políticas o por aspectos técnicos, lo cierto es que la falta de empatía que existía entre ambas partes, hasta la salida del PSOE del Ejecutivo, dificultaba bastante la búsqueda de una solución. Ahora parece que va a imperar el diálogo y que en breves fechas se firmará un convenio que recogerá la fórmula que permita llevar a cabo la obra. De momento, lo que se conoce es que el Cabildo será el encargado de financiar, licitar y ejecutar los trabajos, mientras que el Gobierno canario se hará cargo de su dirección y supervisión. El objetivo es que puedan licitarse antes de finales de 2017. Según trascendió del encuentro celebrado el jueves, quedan por concretar los términos legales de la colaboración entre ambas administraciones -que hasta hace unos meses eran casi insalvables-, así como determinados aspectos de la financiación que corre a cargo, no hay que olvidarlo, de la Corporación insular. Esta es una de las cuestiones que a los tinerfeños les provoca, cuanto menos, sorpresa, pues no se entiende que las infraestructuras de otras islas se financien con cargo a fondos de procedencia regional o estatal y, sin embargo, las necesidades de Tenerife se tengan que sufragar con fondos propios. Algo no cuadra en esta ecuación. Se puede llegar a entender que el Cabildo adelante el dinero, porque dispone del mismo y urge cerrar el Anillo Insular, pero siendo una obra que compete al Gobierno canario, este debería devolverlo posteriormente, bien con recursos regionales o del convenio de carreteras suscrito con el Estado. Así ocurre, por ejemplo, con las infraestructuras de Gran Canaria. ¿O no?
Las palabras de Arturo Melián, profesor de la ULPGC y representante de Canarias en la comisión de expertos que analiza la reforma del sistema de financiación autonómica, sobre los peligros que corre esta comunidad si al final triunfan las voces que abogan por que el Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas no solo no deje de computar para la distribución de los fondos (principal reivindicación de esta comunidad), sino que se consolide y eleve su peso, deben servir para que tanto el Gobierno como el resto de las fuerzas políticas redoblen sus esfuerzos con el fin de evitar que en Madrid triunfen las citadas tesis. Es en estas ocasiones donde Canarias ha de caminar unida, dejando a un lado ideologías y todas aquellas cuestiones que diferencian a unas organizaciones de otras, para, junto a los agentes sociales, plantarle cara a lo que es a todas luces una injusticia. Solo de esta forma se podrá hacer frente a comunidades con mayor peso político que tratarán de imponer sus criterios en esta materia. Y especial responsabilidad tienen en este caso los diputados y senadores de formaciones de ámbito nacional. Es el momento de demostrar que anteponen los intereses de las Islas a los de unas siglas. Atentos.