El empresario vasco César Gil, conocido en La Palma por intentar sin éxito desarrollar proyecto turísticos en Tazacorte, ha presentado ante el juez la documentación que justifica, con los extractos bancarios oportunos y las anotaciones del registro de la propiedad, cómo ha pasado en menos de 20 años de ser una persona millonaria a otra totalmente insolvente, incapaz de hacer frente a una indemnización de 600 euros, una ruina (al menos documental) que incluye además una deuda con Hacienda que supera los dos millones de euros.

Según la información expuesta ante el juez, y a la que esta redacción ha tenido acceso, César Gil contaba con cerca de 12 millones de euros en 2000 (en aquel momento eran pesetas y sumaban 1.963.042.085), en concreto en la cuenta de la sociedad unipersonal Uribitarte.

El nombre de la mercantil no fue puesto al azar. Al contrario, Uribitarte fue un ambicioso proyecto inmobiliario en Bilbao (donde finalmente se levantaron las torres Isozaki), un inmueble ubicado en el área de Abandoibarra, junto a la Ría y a apenas 500 metros del Museo Guggenheim, que en los 90 se fue a la quiebra con un agujero de más de 17.000 millones de las pesetas de ese entonces. Gil fue el cabeza visible del plan de viabilidad y representante de los acreedores minoritarios, que tras años de negociaciones fueron indemnizados con cifras millonarias.

Presenta además ante el juez los extractos bancarios que certifican que cuando llegó a La Palma para invertir en Tazacorte, a finales de 2001, contaba con tres millones de euros en su cuenta, que mantuvo hasta 2003, a lo que sumaba, siempre según la documentación entregada, activos inmobiliarios por más de once millones de euros, que se encontraban alquilados y por los que obtenía unas rentas mensuales de 13.113 euros. Un total de doce pisos, casas, garajes o solares repartidos por diferentes puntos de España. Esa era su realidad. Una persona millonaria.

El empresario vasco cuenta al juez que apostó por invertir en La Palma y compró treinta fincas, con un valor del suelo urbanizable de 5.827.973 euros y del terreno hotelero de 6.617.142 euros, más los gastos en proyectos, ingeniería, gestiones y personal laboral. Acabó hipotecando sus propiedades para poder sacar adelante su ambicioso plan turístico. Siempre ha sostenido, incluso ahora, que "merecía la pena; hubiera multiplicado sin problemas todo el dinero invertido".

Sí, arriesgó y lo perdió todo, con afección incluso en su vida personal, "por un entramado criminal", hace hincapié y por el que ha denunciado a políticos municipales, empresarios e incluso al propio arquitecto local. Algunos de ellos, por cierto, ya con condenas firmes y otros a la espera de juicio. A la pérdida de su dinero y patrimonio se une una deuda contraída de dos millones de euros con la agencia tributaria por no haber podido cumplir con el solicitado RIG.

El empresario vasco ha tenido incluso que justificar en el juzgado de qué vive. Y su explicación ha sido contundente: "El haber sido emprendedor perseverante y buen amigo de mis amigos, me ha permitido tener la ayuda necesaria para sobrevivir mi familia y yo".

Sin embargo, en la historia que cuenta al juez hay algo que no cuadra. Documentalmente parece complejo demostrar que César Gil no esté en bancarrota. Sin embargo, hasta dónde llega la ayuda que dice de sus amigos, todos conocedores, todos de los litigios abiertos por el proyecto sin ejecutar en Tazacorte. Un dato: el empresario vasco cuenta con abogados de prestigio a nivel nacional (que baratos no deben de ser), como Juan Lobato, Alfonso Castresana o el propio Milans del Bosh, letrados que están plenamente convencidos, curiosamente no tienen ninguna duda, de que de la justicia obligará a devolver todo el dinero y con intereses a César Gil. ¡Ojo!, piden más de 60 millones y piensan ganar.