El discurso que se ha puesto de moda es el de la "calidad democrática". Lo que significa que, como los jamones, las democracias pueden ser ibéricas de bellota o de jabugo. Cuando salimos de la dictadura en España no estábamos para estas sutilezas. La democracia era el fin de la censura. Ahora, con el paso de los años, la libertad se ha vuelto exquisita. Por eso empiezan a ponerle grados a la democracia para determinar la que tiene más calidad y la que menos. Incluso hay discusiones en si la verdadera democracia es votar cada cuatro años o todas las decisiones tienen que ser refrendadas por los ciudadanos, en una especie de asamblea permanente facilitada ahora por los teléfonos móviles e internet.

Los que quieren que se vote a todas horas no han conseguido sino cosechar estrepitosos fracasos. En Madrid apenas dos mil personas han votado en las consultas de temas trascendentales propuestas por Manuela Carmena. Pero el debate no se ha agotado. Y dentro de la democracia representativa, el máximo de la calidad democrática está en el viejo principio de "una persona, un voto".

Lo que pasa es que las personas viven sobre el territorio. Y hay sitios donde hay más gente y sitios donde hay menos. En España, como en otras naciones, se ha intentado favorecer a ciertas entidades territoriales dándoles una representación superior a lo que proporcionalmente les correspondería. Es el caso, por ejemplo, de Ceuta y Melilla o de Canarias, entre otras comunidades. Las Islas Canarias son la única excepción en la Constitución española en las elecciones al Senado, donde la representación es provincial, excepto en el caso de nuestra tierra, donde el hecho insular hace que a cada isla le corresponda al menos un senador.

Pero "el hecho insular", con el que tanto se les llena la boca a los políticos canarios, parece que solo se maneja ante Madrid. La reforma del sistema electoral pretende corregir el peso actual territorial de las islas para ponderar el hecho poblacional. La "calidad democrática" de Canarias, por lo tanto, no está tanto en favorecer el territorio, sino el peso del número de habitantes de la isla.

Es una pena que lo anterior sea falso. Si fuera cierto, la reforma electoral que habría en Canarias sería instaurar una sola circunscripción electoral para elegir los sesenta diputados. Sería la mejor manera de hacer país y de unificar los intereses de todos los canarios. Pero no es así.

Lo que se propone no es una reforma limpia, sino un atajo. Un apaño. Se trata de añadir diez diputados en una segunda lista regional (diez suelditos más). Y quitarle un diputado a La Palma y dárselo a Fuerteventura, ya que hoy tiene 20.000 habitantes más. La "calidad democrática", al parecer, sufre mucho cuando una isla tiene más diputados que otra, teniendo menos habitantes. Claro que Tenerife tiene hoy 35.000 habitantes más que Gran Canaria. ¿Tendrá también esta isla un diputado más en la nueva reforma o la "calidad democrática" en este caso estará anestesiada y no sufrirá tanto?