El área de Sanidad del Ayuntamiento de La Laguna había dado traslado hasta noviembre del pasado año a 82 expedientes de maltrato y de tenencia de animales potencialmente peligrosos correspondientes a los años 2015 y 2016. Así lo recoge un informe municipal en el que se analiza la situación administrativa de cada uno de ellos. Esos documentos fueron dirigidos desde la citada concejalía a la técnico que está encargada de tramitarlos.

¿En qué grado afecta la violencia a los animales laguneros?, ¿en qué punto se encuentran esos procedimientos? En el listado figuran 17 casos que, en cuanto a la vía a seguir, "se circunscribirían a las previsiones contenidas en la Ley 8/1991"; diez que solo contienen la denuncia formulada ante la administración por particulares, sin haberse recabado el preceptivo informe de la Policía Local y, en su caso, de Sanidad Municipal, y 25 que por entonces estaban "para archivo", bien por haberse resuelto por la Policía, por no haberse podido identificar al responsable o por otro tipo de causas "justificadas".

A los anteriores se unen dos expedientes que se han acumulado a otros porque trataban sobre "idénticas denuncias" y 28 más que están relacionados con animales potencialmente peligrosos cuyos propietarios no adoptaron las cautelas que son necesarias.

Concretamente, el balance se realizó en noviembre del pasado año a instancias del concejal de Sanidad del Ayuntamiento de La Laguna, Zebenzuí González, y se refiere a las denuncias formuladas por particulares y por la Policía Local en relación a presuntos malos tratos infringidos a animales en general y a la tenencia de especies potencialmente peligrosas sin que sus dueños actuasen de la forma que está establecida por la legislación vigente.

El informe plantea la posibilidad de que todavía sigan quedando más expedientes de 2015 y 2016 en Sanidad, así como que están pendientes de remisión los de 2013 y 2014. Se menciona ese período dado que las infracciones muy graves prescriben en un plazo de tres años; las graves, en dos, y las leves, en seis meses.

Según explicaron desde el área, que no se enviase hasta entonces la documentación tiene que ver con que hasta el presente mandato no existía un funcionario encargado de estos casos.