El presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, ha afirmado que el Cabildo de Tenerife está poniendo en riesgo la contribución del Estado a la financiación del cierre del anillo insular de carreteras con su decisión de financiar con fondos propios una obra que supone una inversión de 300 millones de euros.

Domínguez indica en un comunicado que si el Estado pone 15 millones de euros para iniciar el cierre del anillo y se los gastan en otra cosa, el mensaje que se está dando a la administración central es que "Tenerife no necesita el apoyo del Estado para esta obra".

En el comunicado, la diputada nacional y consejera del PP del Cabildo de Tenerife, Ana Zurita, ha anunciado que pedirá al Gobierno del Estado una revisión profunda del convenio de carreteras con el Gobierno de Canarias para que atienda, afirma, a la resolución de los problemas de los ciudadanos en lugar de ser usado, "para atender los compromisos partidistas", en alusión, entre otros, a Coalición Canaria.

"La pretensión del PP es dar un auténtico revolcón" al convenio, señala la parlamentaria en la nota en la que explica que esto pasa por la reestructuración del sistema de financiación de manera que, en lugar de establecerse cantidades tasadas de aportaciones estatales para cada ejercicio presupuestario, estas cantidades se fijen anualmente en función de las actuaciones que se establezcan como prioritarias en cada isla, de manera solidaria en el conjunto de Canarias.

Ana Zurita afirma que además el Gobierno de Canarias sólo debería poder incluir cada año partidas a cargo del convenio de carreteras para aquellas obras que ya cuenten con proyecto, estudio ambiental y todos los trámites previos a la licitación.

De lo contrario, "las obras que se incluyan sin tener en cuenta estas premisas se convierten en meras declaraciones de intenciones que después no se pueden poner en marcha en los plazos previstos y solo generan frustración en los ciudadanos", considera.

La consejera y diputada nacional solicitará asimismo la revisión de todas las actuaciones contempladas en el actual convenio de carreteras, cuya vigencia finaliza en este ejercicio pero, en principio, se había hablado de prorrogarlo hasta el año 2023 para completar la financiación comprometida, que ascendería a 2.437 millones de euros.

Según Ana Zurita, las obras inicialmente contempladas entre el convenio Gobierno del Estado y la Comunidad Autónoma se deben adaptar a la realidad económica y social actual, porque en ocasiones no obedecen a las necesidades reales de desplazamientos de la población.

Agrega que es de "vital importancia" la continuidad del convenio de carreteras y su desarrollo a corto plazo para resolver los graves problemas de movilidad que se producen en algunas islas, especialmente en Tenerife, debido al colapso de las dos vías principales, las autopistas TF 5 y TF 1, ambas obras de competencia autonómica.

La parlamentaria y consejera insular defiende el mantenimiento de las líneas ya iniciadas por parte de la Administración Central para financiar proyectos de importancia para la movilidad en las islas con fondos extras al convenio de carreteras.

Cita como ejemplo la carretera de La Aldea y el cierre del anillo insular de carreteras de Tenerife, que el año pasado recibieron aportaciones de 23 millones de euros y de 15 millones de euros respectivamente aunque finalmente el Gobierno de Canarias decidió, en el caso del anillo insular, destinar el dinero a otras obras de su competencia.