Imagínense ustedes la coña de que la empresa para la que trabaja le baje el sueldo en más de un treinta por ciento y además le cite el jefe de personal para decirle, indignado, que después de mirar atentamente los gastos de su familia lo que le recomienda es quitar a los niños del colegio, darse de baja del abono de fútbol del Tenerife y usar la bicicleta en vez del coche para ir al trabajo. Para mosquearse, ¿no?

No es igual, pero se le parece. Desde hace un tiempo a esta parte surgen voces que le piden al Gobierno de Canarias que lo que debe hacer es bajar el IGIC que subió del 5 al 7% en el tipo general para las Islas. La recaudación por ese impuesto especial canario ha subido (supera ya los 1.500 millones de euros), pero esa realidad coexiste con otra, menos halagüeña, que es la bajada de la inyección de fondos del Estado en Canarias a través de todas las vías de financiación ordinarias y extraordinarias.

Según FAES, la fundación que preside José María Aznar, Canarias es la Comunidad Autónoma peor financiada de todo el Estado. Los recortes que han aplicado los últimos gobiernos de Rajoy han caído sobre las costillas de los servicios transferidos (Sanidad y Educación, básicamente), pero además se han extendido a todos los convenios especiales que el Estado tenía suscritos con las Islas, como carreteras, infraestructuras turísticas o empleo. O lo que es lo mismo, las Islas han tenido que echar mano de los impuestos propios para mantener eso que llamamos precario Estado de bienestar. Pedir que bajemos la presión fiscal propia cuando resulta que estamos soportando la estructura pública en gran parte gracias a esos impuestos es un imposible.

Por supuesto que de los gastos de la administración pública de Canarias hay mucho de que hablar. La autonomía ha creado un orondo y satisfecho entramado de gastos duplicados, a mayor gloria de nuestro miserable pleito, con un disparatado enjambre de cargos en espejo en una capital y en otra. Pero que necesitemos una reforma de la grasa de la burocracia en las Islas no impide que sea una clamorosa evidencia que Madrid se ha desentendido cada vez más de compensar la lejanía y los sobrecostos de la insularidad de esta tierra. Y que tengamos que ser los canarios, de nuestro propio bolsillo, los que atendamos gran parte de los gastos públicos de la sociedad.

Que los mismos que nos han bajado el sueldo sean los que nos pidan que bajemos los impuestos aquí (mientras se mantienen inalterables los que caen sobre los sueldos y beneficios de las sociedades canarias) tiene muchos bemoles. Lamentablemente, cuatro décadas de autonomía nos ha hecho mucho menos autónomos de lo que deberíamos ser. Si algo nos ha enseñado este tiempo de pobreza es que debemos aprender a ser más independientes en nuestra financiación, en nuestro suministro energético y en nuestras actividades económicas. Vivir de prestado tiene el grave inconveniente de que dependes de quien te mantiene. Ojalá sea una de las lecciones (la más importante sin duda) que nos llevemos aprendida de este largo periodo de abandono.