El Partido Socialista acusó al Gobierno de Canarias ayer de montar un "escándalo" con las facturas sin pagar de Sanidad para tapar el "caos" de un cierre presupuestario que, aseguran, es el culpable de que haya más de 600 expedientes sin pagar y que se haya incumplido por primera vez el periodo medio de pago a proveedores, uno de los objetivos de estabilidad.

Así lo informó en rueda de prensa la presidenta y el portavoz del grupo parlamentario socialista, Patricia Hernández e Iñaki Lavandera, a raíz de la "desinformación" ofrecida el lunes por la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, al dar a conocer que el Servicio Canario de Salud había acumulado en 2016 facturas impagadas por valor de 241 millones de euros.

Iñaki Lavandera afirmó que la responsabilidad del incremento del periodo medio de pago de las facturas del Servicio Canario de Salud (SCS), que se situó en enero de 2017 en 41,16 días, es "única y exclusivamente" por una acción "premeditada" de la consejera de Hacienda y del presidente Fernando Clavijo al adelantar el cierre del presupuesto a septiembre de 2016, si bien se quiso hacer en agosto, aseguró.

La Consejería de Hacienda, se defendió de las acusaciones desmintiendo estas declaraciones bajo dos argumentos. En primer lugar, Hacienda insiste que "Sanidad estaba excluida de la orden de cierre". Un hecho contrastable en el artículo 4, punto 4 de la Orden de 19 de septiembre de 2016, por la que se regula la ordenación contable en la ejecución y cierre del presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 2016 de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La Consejería vierte otro argumento y es que "el desvío hacía el incumplimiento empieza a notarse en el mes de julio y dispara la media de toda la Comunidad Autónoma de Canarias", mientras que "el cierre fue bastante posterior", en concreto en septiembre.

Lavandera explicó que los datos que expuso el pasado lunes Rosa Dávila se refieren a facturas que no tienen cobertura presupuestaria. En este sentido, apuntó que en 2014 esta cuantía ascendió a 145 millones de euros, en 2015 a 122 millones.

Asimismo, Lavandera desmintió que la orden de cierre presupuestario no haya afectado a la Consejería de Sanidad, pues existen 689 expedientes sin pagar por la "obsesión" de Coalición Canaria de ver la sanidad como un gasto.