A 344.916.676,57 euros asciende el coste de la regeneración de la zona afectada por las canteras de áridos, según la evaluación económica para la "Proposición de Ley sobre ordenación de los barrancos de Güímar y restauración de ese espacio: restablecimiento del drenaje natural", realizada por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf).
Según las mediciones contenidas en el documento elaborado por este organismo dependiente del Cabildo, se precisa emplear 23.589.420 metros cúbicos de material para cubrir los huecos de las siete canteras de las que se extrajeron áridos durante casi medio siglo de actividad industrial.
El propio Ciatf advierte de que no ha entrado en la evaluación de las repercusiones económicas colaterales, entre las que estarían "obligatoriamente" las reposiciones de viarios sobreutilizados por el tráfico pesado del movimiento de tierra, así como la ralentización que sobre la fluidez del tráfico pueda producir el gran número de viajes que requiere la ejecución de los rellenos.
Hasta el momento, el peritaje oficial que se conocía fue elaborado durante el proceso de diligencias previas en el Juzgado de Güímar y ascendía a unos 274 millones de euros.
Cabe recordar que las sentencias condenatorias de los empresarios Francisco Javier del Rosario, Antonio Plasencia, Pedro Sicilia y José Enrique Morales, emitidas por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, obligan a estos a pagar la rehabilitación del espacio que alteraron y a elaborar el correspondiente proyecto. Hasta el momento, solo Antonio Plasencia ha solicitado al Ayuntamiento de Güímar la autorización para el Plan de Restauración que previamente había rechazado el Cabildo. El coste de esta obra era de cinco millones.
Más de dos años
El 14 de julio de 2014, el Pleno del Cabildo dio luz verde a una proposición de ley sobre la ordenación de los barrancos de Güímar y la restauración de ese espacio, teniendo que insistir, mediante otro acuerdo del 31 de julio de 2015, en solicitar al Parlamento de Canarias la reactivación de este procedimiento al haberse producido un cambio de legislatura. Actualmente, las discrepancias se centran en la indisponibilidad de un plan de recuperación y en la indefinición de quién asumirá el coste de su ejecución, a pesar de la claridad de las sentencias.