El Gobierno y el PSOE (o lo que es lo mismo, Coalición y sus antiguos socios) han vuelto a meterse en otro debate falseado sobre la sanidad, ahora a cuenta del retraso en el pago a algo más de seiscientos proveedores de 241 millones en facturas sanitarias, producto -según denunció Hacienda- de la mala gestión del consejero Morera a la hora de pagar lo contratado. En realidad, se trata de dineros que se debían a final de diciembre de 2016 por el servicio Canario de Salud, pero las cifras presentadas por Hacienda -sin ser falsas, que no lo son- suponen una manipulación bastante descarada de la verdad verdadera en materia de ejecución presupuestaria, una especialidad de la Consejería de Hacienda desde que la ocupa la actual consejera. La verdad es que las cifras se presentan siempre como a cada cual le conviene, y que eso es lo que ha hecho Hacienda nuevamente en esta ocasión.

Por aclararlo: de esos 241 millones de euros que se debían en diciembre, la mitad -121 millones- corresponde a acreedores por "operaciones pendientes de aplicar a presupuesto", ese famoso dinero que -desde hace ya muchos años- Sanidad gasta por encima de lo que recoge el presupuesto. En 2014, esa partida concreta sumaba casi 151 millones, y en 2015 más de 122. Aun siendo poco el ahorro conseguido, Morera debía menos por partidas no presupuestadas de lo que se dejó a deber en los dos años anteriores. El resto corresponde al impago de facturas ya contabilizadas -por importe de 53 millones- y a facturas en pase preliminar -67 millones-. De esas facturas, una parte no se abonaron a final de diciembre porque el tiempo medio de abono es de un mes (nadie paga antes de que acabe diciembre una factura de mediados de diciembre), o porque se vieron boqueadas por el cierre anticipado del presupuesto, entre ellas, el listado de casi setecientas, que Hacienda no permitió pagar a Morera pese a haberlo solicitado por escrito el exconsejero, considerando que era uno de los compromisos adquiridos por Clavijo en el "repacto" del Gobierno.

Hacienda dijo ayer que el cierre anticipado no afectó a Sanidad, pero tampoco es del todo cierto: Sanidad sí obtuvo una prórroga del cierre, pero solo desde el 22 de septiembre -fecha de publicación del cierre adelantado- hasta el 15 de octubre, como se especifica con claridad en los epígrafes 3 y 4 del artículo 4 de la orden de cierre anticipado. Apenas 23 días de respiro. Ni uno más.

El Gobierno estaba obsesionado en septiembre con cerrar anticipadamente sus cuentas para cumplir con el compromiso de déficit. Pero el cierre anticipado bloqueó el pago de un montón de millones que siguieron gastándose. Rosa Dávila podrá presumir de que Canarias encabeza la lista de regiones cumplidoras con el déficit. Pero olvidó que para hacer la tarea y estar entre las primeras comunidades autónomas de la clase, las que no sufren retenciones de las entregas a cuenta por parte del Estado, no solo se trata de cumplir el déficit, también hay que moverse dentro de la regla de gasto y que el pago medio a proveedores no supere los 30 días. Ayer adelantó la señora Dávila que Canarias ha sobrepasado en 2,9 días esa cifra, y tendrá que dar explicaciones a la Hacienda española y someterse a su vigilancia. Un par de días antes los medios publicaron una filtración suya sobre los retrasos de Sanidad. Cuando leí esa información, pensé que Patricia Hernández le había contagiado su discalculia a la consejera. Ahora que conocemos por la propia doña Rosa que Hacienda tendrá que suplicar ante el Ministerio, lo que creo que es que lo de culpar a Morera y a las facturas pendientes de pago de Sanidad es una muy buena excusa. Aunque bastante tramposa.