A pesar de las dudas que existían sobre el procedimiento, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha recuperado los casi 300.000 euros -297.101 euros- que costó el derribo de la antigua fábrica Celgán, ubicada en la subida al barrio de Tío Pino.
Según la información a la que tuvo acceso ayer este periódico, el abono se realizó el pasado 10 de marzo a través del Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, ente al que se había remitido la liquidación al vencer el plazo de cobro en periodo voluntario sin que los responsables abonaran la cantidad requerida, derivada de la ejecución subsidiaria de la demolición controlada del edificio.
Es más, entre un periodo y otro las cantidades a pagar se incrementaron en más de 75.000 euros por la imposición de recargos e intereses.
Con el pago de esta cantidad queda extinguida, por tanto, la deuda que figuraba a nombre de Promociones Amojo, S.L., empresa propiedad del expresidente del Gobierno canario y exalcalde de la capital tinerfeña, Manuel Hermoso, a la que pertenecía, en origen, el inmueble demolido, pero que luego pasó a formar parte de la compañía gallega Inversiones Anadico S.L.
Precisamente, durante los últimos meses los partidos de la oposición en el consistorio de Santa Cruz habían puesto en duda que el consistorio recuperara finalmente el dinero que adelantó para proceder a la demolición del inmueble, porque la carga económica del derribo se inscribió en el Registro de la Propiedad después de que familiares de Hermoso vendieran la parcela de la fábrica a una empresa que acabó declarándose en quiebra y cuyos propietarios estaban en paradero desconocido.
Y es que aunque la venta del terreno se produjo en octubre de 2012, hubo que esperar hasta el 31 de julio de 2015 para que la Gerencia de Urbanismo remitiera al Registro de la Propiedad la resolución que instaba a que se practicase la nota marginal acreditativa de la orden de ejecución subsidiaria.
Como se recordará, el derribo de la parte de la antigua fábrica Celgán que presentaba un mayor riesgo de caída se llevó a cabo, tras un largo proceso, el 31 de agosto de 2015.
Unos días antes habían abandonado el lugar varias personas que habitaban en ella desde hacía tiempo. Dragados fue la empresa encargada de llevar a cabo los trabajos.