La Fiscalía de Medio Ambiente consideró ayer acreditado que en Yaiza (Lanzarote) existía un concierto entre su exalcalde José Francisco Reyes, el exsecretario Vicente Bartolomé y el técnico Antonio Lorenzo para dar "licencias como churros" y sin control entre los años 1998 y 2007.
En la segunda y última sesión del juicio del denominado caso Yate, el fiscal Javier Ródenas mantuvo la acusación contra el jefe de la oficina técnica de Yaiza, Antonio Lorenzo, y el asesor fiscal José Rafael Mesa Ferrer, los dos únicos acusados que defienden su inocencia en esta trama de corrupción urbanística, después de que el resto de procesados reconocieran su responsabilidad y asumieran penas de entre seis años y cinco meses de cárcel.
El fiscal sostuvo que existía una "estructura piramidal jerárquica" y que en ella figuraba Lorenzo, para quien solicita una condena de 10 años de inhabilitación especial como cooperador necesario en un delito de prevaricación urbanística en relación a la aprobación del Plan Parcial de Playa Blanca, una condena que dijo también que no se le imponga si el tribunal cree que Reyes aprobó los decretos aparte de sus informes.
Ródenas mantuvo una condena de 4 años y medio de prisión para José Antonio Mesa Ferrer y, subsidiariamente, una pena de 15 meses de prisión, si se aprecia que no hubo dolo en el delito de blanqueo de capitales que le atribuyen, así como una multa de 286.000 euros.
La abogada de la acusación particular, Inma Ferrer, que representa al denunciante del caso, el exconsejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote Carlos Espino (PSOE), se adhirió a la petición del fiscal, y consideró que este caso, pese a las rebajas que ha habido en las condenas por haber existido conformidad, "se estudiará en los libros de historia de Lanzarote".
Ferrer además destacó que en Yaiza se practicó un "urbanismo criminal" contra el que se sublevó la ciudadanía.