Miles de ciudadanos saharauis se han nacionalizado españoles en los últimos años mediante la modalidad "por origen", tras demostrar haber sido españoles durante su infancia o ser descendientes de quienes lo fueron hasta 1975, fecha en que España abandonó el Sáhara Occidental.
Según distintas fuentes consultadas por Efe, es imposible conocer el número total porque los que han accedido al DNI español lo han hecho con documentos marroquíes, argelinos o mauritanos, y como tales figuran en el registro del ministerio de Justicia, pero las fuentes creen que pueden sumar entre 12.000 y 15.000 personas.
El pasado 22 de diciembre, el Gobierno español respondió al senador autonómico vasco Jon Iñárritu que los saharauis que habían obtenido la nacionalidad por residencia eran 380 en los últimos cinco años, pero esa cifra, aun siendo cierta, ocultaba toda la verdad, pues no incluía a los nacionalizados por origen.
A título de ejemplo, solo en 2016 se registraron 373 nuevos españoles en el Consulado español de Rabat (del que depende administrativamente el Sáhara Occidental), todos ellos saharauis residentes en el territorio ahora ocupado por Marruecos; en total, había al comienzo de este año 1.349 españoles en el Sáhara, la práctica totalidad de origen saharaui.
Hay entre los nuevos poseedores del DNI diputados del parlamento de Rabat, alcaldes, altos funcionarios de la administración marroquí, empresarios y hasta presidentes de ONGs, según testimonios recogidos por Efe solamente en la parte del Sáhara ocupada por Marruecos.
Los saharauis que se nacionalizan por origen son aquellos que han podido acreditar que poseen documentos oficiales de cuando el llamado "Sáhara español" era una provincia más del estado.
Entre estos documentos figuran partidas de nacimiento, actas de matrimonio, libros de familia y hasta libretas escolares expedidas hasta 1975, fecha en que la Marcha Verde de Marruecos y los Acuerdos Tripartitos pusieron fin a la colonización española del territorio.
A los adultos siguen sus hijos (acceden automáticamente a la nacionalidad si son menores de 21 años) en un ritmo creciente año tras año, lo que hace presagiar una pequeña "bomba de relojería" cuando en pocos años sean miles los residentes en el Sáhara con un DNI español y con un consulado tan lejano, según señalan a Efe fuentes de la Administración española.
Es un hecho que entre los niños saharauis nacionalizados muchos no hablan castellano y desconocen la cultura española, pero como señala el saharaui Brahim Dahane: "Esa no es la cuestión: yo tengo derecho a mi nacionalidad porque nací español en un territorio que era parte de España, y ese derecho es inalienable".
Las cosas no son fáciles para ellos: hay registros civiles en España que rechazan documentos españoles de aquella época "por haber perdido la vigencia", y otros que durante décadas han rehusado los documentos adicionales (sobre todo los de filiación) expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), con el argumento de que es un estado no reconocido por España.
Contactado por teléfono, Sidi Talebbuia, presidente de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España, explica a Efe que "el problema es la disparidad de criterios en los registros y los juzgados, y la falta de una jurisprudencia que defina con claridad que aquellos saharauis nacidos en territorio español son españoles y no pueden dejar de serlo, como tampoco sus hijos".
Hay saharauis que reciben luz verde en un registro provincial y luego el Registro Central de Madrid revoca el expediente por dudas sobre los documentos, según relata Talebbuia.
Varios saharauis han confirmado a Efe que conocen cuáles son los registros provinciales donde trabajan españoles afines a la causa independentista y que se muestran "menos meticulosos" a la hora de exigir uno u otro documento, lo que ha permitido que en el pasado abunden los expedientes de nacionalización en Córdoba capital, Tudela (Navarra) o Massamagrell (Valencia).
En cuanto a la nacionalización por residencia, el procedimiento ha resultado ser mucho más complejo y difícil para los saharauis.
Si prospera la proposición de ley aprobada el pasado abril por todos los grupos en el parlamento español (es decir, si el gobierno la traslada a ley), el tiempo de residencia exigido a los saharauis pasaría de diez a solo dos años, y las solicitudes de nacionalidad se dispararán en los próximos años.