La Audiencia Provincial tinerfeña acogió ayer la segunda jornada del juicio por la supuesta tortura a I.S.P. durante su estancia en 2004 en el centro de menores de Mesa Ponte, en La Laguna. La madre del afectado dijo: "Si hizo mal que cumpla como persona, pero no como un animal". Esta mujer recordó que se enteró de lo que estaba pasando tras leer la noticia en EL DÍA. Entonces llamó a su hijo y este le confirmó que la víctima era él. Tras reunirse con responsables del centro, la madre y denunciante se preguntó si esa era la forma de educar a los menores. De su hijo dijo que aún sigue en tratamiento psicológico por la ansiedad que le dejó estar 11 horas atado de pies y manos. Por el caso están acusados un exdirectivo y dos seguritas, para los que la Fiscalía pide 18 meses de prisión para cada uno y una responsabilidad civil de 10.000 euros.
La denunciante indica que estas prácticas declaradas ilegales no solo afectaron a su hijo, sino a otros muchos internos. Afirma que, si no hubo más denuncias, fue por el miedo que había entre los menores a las represalias. En el caso de su hijo, fue tal el nivel de humillación que nunca dudaron en acudir a donde fuera necesario. La víctima de estas torturas señaló ayer que el origen del conflicto fue que una vez llegó a su cuarto y descubrió que había desaparecido el "discman". Tras protestar, vio cómo, de pronto, cerca de 10 vigilantes lo redujeron para colocarle las correas psiquiátricas. Durante las once horas que permaneció inmovilizado en una habitación, comentó en el juicio que nadie entró a preguntarle cómo estaba. Tampoco pudo ir al baño ni comer.
No era el único caso. El afectado relató que a un compañero le solían atar con las mismas contenciones. Lo que no acaba de quedar claro es quién era el responsable final de decidir aplicar este castigo. Los vigilantes dicen que son los técnicos y directivos, y estos que son los primeros. La mujer denunciante indicó que los educadores "se enteraban de la misa mitad" y que, en la mayoría de las ocasiones, eran los vigilantes los que tenían la última y primera palabra. El resultado de lo ocurrido aquel día, y en otro posterior en el que el castigo duró casi cuatro horas, es una fobia a los lugares cerrados, entre otros achaques, por lo que permanece medicado todo el día desde las ocho de la mañana. "Estoy mal, esto no se borra de una cabeza en diez años", indica. El joven ha logrado rehacer en parte su vida pero, según indicó, "la psicóloga siempre me dice que tengo muchas cosas que no están bien". "Por eso, lo único que pido es que me paguen el daño que me hicieron", apuntó. "Voy a reclamar todo lo que pueda conseguir y llegaré hasta el final; está claro que esto se me ha quedado en la cabeza y si después de diez años lo sigo aún recordando es porque me hicieron mucho daño", afirmó. Ayer, un educador descartó que el castigo hubiese durado tanto tiempo. Recordaba el caso porque fue sonado y salió en los medios de comunicación. Manifestó que la responsabilidad de aplicar los castigos era en gran parte de los vigilantes, que actuaban según lo requería la situación en cada momento.
Los gritos y la policía
También intervino ayer un policía, que recordó que acudieron al centro después de que los vecinos denunciaran los gritos que se oían. Los agentes requisaron las sujeciones, que estaban en un armario con apariencia de haber sido usadas. Un antiguo jurista ratificó que era personal técnico y directivo de Ideo el que debía dar la orden para que los menores fueran castigados. Las defensas intentaron demostrar la animadversión que este tenía hacia la empresa tras ser despedido.