Como siempre durante la última jornada del debate de la Nacionalidad, el Parlamento canario abordará hoy centenares de propuestas de resolución de los distintos grupos que, en su mayoría, abogan por mejorar los servicios claves. No obstante, y dada la situación política, con un gobierno con la mayor minoría de la historia (18 de 60 diputados), sobresale la que han decidido compartir CC-PNC, PP y ASG para que la reforma del sistema electoral en las Islas dependa de la Cámara regional y no del Estatuto que ya se aborda en Madrid, si bien sufre una parálisis desde diciembre.
Por separado, la apuesta por primar al Parlamento autonómico no debe sorprender en exceso. De hecho, el propio presidente Rajoy respondió la semana pasada a Pedro Quevedo (NC) que lo lógico es que su Gabinete espere por lo que decida la Cámara regional, y más con la comisión informativa creada y en pleno desarrollo. Así se manifestó también ayer el presidente del PP, Asier Antona, y va en línea con lo que han dicho hasta ahora José Miguel Ruano (CC) y Casimiro Curbelo. No obstante, la coincidencia impulsará las especulaciones sobre si supone el anticipo de un acuerdo mayor en pro de la estabilidad del Ejecutivo.
La propuesta conjunta pretende que haya nueva ley electoral en 2019, pero fundamentada en principios de "proporcionalidad" en el voto y "equilibrio territorial". Además, advierten al Congreso y Senado de que la modificación del artículo 37 del Estatuto de Autonomía y la disposición transitoria es una "modificación sustancial" de la propuesta.
Esta iniciativa le dio más sentido a la intervención por la mañana de Clavijo frente a Román Rodríguez. El presidente insistió en que un nacionalista que se precie debe intentar que el sistema electoral se modifique en las Islas y no en Madrid. El líder de NC le replicó que no está en condiciones de darle lecciones de nacionalismo y considera perfectamente compatible apoyar la comisión de estudio, propiciar un cambio en el Parlamento y ligarlo también al nuevo Estatuto.
Frente a la lectura de CC, PP ASG, el resto de partidos (PSOE, Podemos y NC) presentan también propuestas sobre la comisión de estudio, aunque lo hacen por separado y, en todos los casos, para presentar sus trabajos como viables con la reforma del Estatuto.
El PSOE, además, plantea otras 151 propuestas con las que, entre otras cosas, pretende reorientar el Fdcan a la construcción de equipamientos educativos, sanitarios y sociosanitarios. También defiende que, en la ley del suelo, el Gobierno canario mantenga las competencias de vigilancia ambiental en los planes generales y territoriales, una de las grandes claves de la nueva normativa porque esto representa que la Cotmac, aunque se llama de otra manera, seguirá viva.
En otra propuesta polémica, aunque condenada a fracasar si CC logra el apoyo de PP y ASG, los socialistas exigen que se reconozca que el cierre anticipado del presupuesto, decidido en septiembre pasado pese a la oposición del PSOE, conllevó el incumplimiento del periodo medio de pago a proveedores. También piden una condena expresa al presidente de Repsol, Antonio Brufau, tras tildar de "tercermundista" el rechazo social a las prospecciones petrolíferas que su empresa pretendió en Canarias con el apoyo total del ministro Soria.
En un paquete con 14 bloques con numerosas propuestas, CC-PNC plantea muchas medidas económicas de apoyo a las pymes y los productos canarios, aunque sobresale el anunciado plan sociosanitario, que Clavijo presentó el martes como una de las grandes novedades, junto a otro de salud para 2018-22, dado el creciente envejecimiento de la población canaria. Esto obliga, según CC, a mimar este sector, aumentar los centros de día y noche, y las camas para este sector poblacional, así como adaptar el sistema sanitario a esta realidad, extensible a todo el Estado y la UE.
Nueva Canarias, por su parte, plantea que se recupere de forma gradual y según las rentas el impuesto de Sucesiones y Donaciones, prácticamente derogado en la Ley de Presupuestos canarios para 2016. El partido de Román Rodríguez cree que es la mejor fórmula para potenciar los ingresos y tratar de no debilitar más los servicios. Para ello, plantea diferentes porcentajes de bonificación en función de la base liquidable, de forma que, para las más pequeñas, la ayuda pueda llegar al 99%, pero que se reduzca a medida que el valor del patrimonio heredado o donado sea creciente. De esta manera, pretende no perjudicar a las rentas bajas o medias y sí que tributen de forma equilibrada las que tienen patrimonio sobrante y pueden contribuir más al erario público.
Por su parte, y entre un total de 63 propuestas, ASG insiste en la necesidad de que la reforma del REF que está a punto de aprobarse y la consideración de Canarias como región ultraperiférica tengan en cuenta la doble insularidad que afecta a su isla y otras.
Podemos se vuelca en los servicios básicos
El grupo de Podemos defenderá hoy 129 propuestas orientadas a reforzar los servicios públicos básicos, mejorar la calidad de vida y regenerar la democracia. Entre los pilares del bienestar, el diputado Juan Márquez se centrará, sobre todo, en la sanidad con el objetivo de que se garanticen los recursos suficientes para disminuir las listas de espera, aumentar la plantilla del personal a los niveles de antes de la crisis y propiciar un pacto por la sanidad pública que incluya a todos los partidos, agentes sociales y colegios profesionales, y que minimice el papel de la concertada. En este sentido, y en línea con lo defendido hasta ahora, Márquez abogará por revisar los contratos con las clínicas privadas, algunos de antes de la Constitución, y plantea un programa de desprivatización paulatina de la sanidad pública mediante una disminución anual de, al menos, un 10% de los conciertos. La formación también apuesta por un nuevo plan de vivienda que recupere el parque público para alquiler social con inmuebles de las entidades bancarias, el reimpulso de la bolsa de vivienda joven y vacía, y más recursos para las ayudas al alquiler. En empleo, piden reformas estructurales "urgentes" que aboguen por la calidad, más apoyo a los autónomos, ayudas directas a la contratación estable, políticas activas de empleo y ajustadas al mercado laboral, y planes para jóvenes y mayores de 45. En este ámbito, insisten en que se subrogue al personal de RTVC, si bien Clavijo anunció el martes que es lo que tienen contemplado. Además, exigen un plan contra la pobreza energética y que los mandatos de cada presidente se limiten a dos.