La vivienda sigue siendo un problema extremadamente grave para muchas familias canarias. El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, vuelve a recoger en su último informe anual numerosas quejas ciudadanas por la inexistencia de inmuebles en régimen de alquiler social. Según su análisis, 2016 se pareció mucho a 2015: durante ese año se mantuvo "una oleada de ocupaciones ilegales de viviendas -tanto públicas como privadas-" como consecuencia, entre otras causas, de los continuos desahucios por los impagos del alquiler.

Esta cuestión, advierte, "se agrava cada año", ya que las listas de demandantes de vivienda aumentan porque "cada vez son más las familias en situaciones económicas adversas que se encuentran no solo con escasez de recursos, sino sin recursos", y requieren "de forma urgente una vivienda digna que cumpla una condiciones mínimas de habitabilidad".

Las ayudas que ofrecen las administraciones, sean para el pago del alquiler o de urgencia, no solo son insuficientes, sino que "no permiten cubrir ni siquiera un porcentaje considerable para una pequeña parte de la totalidad de las situaciones puesta en conocimiento de este Comisionado".

Además, las ocupaciones ilegales se han seguido produciendo al mismo tiempo que se tiene la certeza de que existen "viviendas vacías que han permanecido durante años cerradas y abandonadas, tanto públicas como privadas (pertenecientes al Sareb, entidades financieras, al Instituto Canario de la Vivienda y Visocan), viviendas que, en la gran mayoría de las ocasiones, no cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad".

El Diputado lamenta la impotencia que supone que muchos ciudadanos soliciten su amparo y ayuda ante las instituciones competentes para satisfacer esta necesidad habitacional y que la única respuesta de la Administración sea "la carencia de viviendas disponibles".

La falta de una estrategia para abordar las carencias habitacionales influye. En este sentido, Saavedra decidió incoar una queja de oficio ante la dilación excesiva en la aprobación definitiva del Plan de Vivienda de Canarias 2013-2016, cuyo resultado derivó en el compromiso de la Administración competente de aprobar el Plan de Canarias, 2017-2020. Sin embargo, actualmente Canarias continúa siendo una Comunidad "sin Plan de Vivienda". A esta ausencia de estrategia hay que sumar que el último plan de este tipo que se aprobó en el Archipiélago incluyó numerosas ayudas para la emancipación de los jóvenes que, en el mejor de los casos, se abonaron con años de retrasos. Muchos siguen aún esperando por las ayudas a la hipoteca o al alquiler. De estos últimos casos también da cuenta el diputado.

El comisionado incluye dentro de este apartado de quejas el problema de la pobreza energética, "que continúa y ha aumentado en las familias canarias". Saavedra alerta de que existen muchos hogares en los que se encuentran familias con menores que no disponen de los suministros básicos de agua y luz, denunciando las condiciones en las que "malviven diariamente en sus viviendas".

Más mediación en casos de desahucios

El Diputado del Común registró solicitudes de intermediación y mediación de los ciudadanos en determinados asuntos, como el caso de situaciones de procedimientos de desahucios por impagos de alquileres, por ejecuciones hipotecarias, solicitudes de alquiler social ante las entidades financieras o regularizacion de ocupación ilegales con solicitud de alquiler social, entre otros.

El parque público, muy deteriorado

El informe destaca el "especial protagonismo" que tuvieron las quejas por deficiencias en edificios, fachadas, filtraciones, y deficiencias estructurales graves en muchas viviendas públicas".