El portavoz de CC en el Parlamento de Canarias, José Miguel Ruano, admitió hoy las desavenencias en la ponencia que tramita el proyecto de ley del suelo, pese a lo cual mantiene "la mano tendida" a los acuerdos, pero siempre que no se altere el principio de simplificación que persigue la norma.

"No estamos en un modelo de imposición hacia las enmiendas de los demás, estudiamos todas y justificamos por qué las aceptamos o no, ese es el modelo de trabajo que vamos a mantener", afirmó Ruano a la salida de la reunión de la ponencia parlamentaria.

El portavoz subrayó que "la simplificación tiene que ser real", y por eso no se han admitido las enmiendas de Nueva Canarias y Podemos en las que se pretendía imponer a los municipios "previsiones absolutamente innecesarias" a través del planeamiento insular.

Según Ruano, "cada instrumento de planeamiento tiene que tener el contenido necesario, pero no más del necesario", y por eso los planes insulares deben limitarse a todo lo que se refiere a la isla, en particular a los espacios naturales protegidos, pero los planes generales son los que tienen que abordar lo que se refiere a los municipios.

Indicó además el portavoz del grupo Nacionalista que los informes ambientales del futuro órgano ambiental autonómico que sustituirá a la Cotmac seguirán siendo vinculantes, pero no así los informes de legalidad como pretende Nueva Canarias "como si existiera una especie de tutela jurídica del Gobierno sobre los cabildos y ayuntamientos".

Puede haber un informe jurídico sobre aspectos que no sean propios de las competencias del Gobierno para ayudar a cabildos y ayuntamientos, pero no puede ser vinculante porque el ejecutivo no puede imponer su criterio jurídico, aclaró.

Sobre esta cuestión, el portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, consideró que debe haber un informe autonómico de legalidad sobre el planeamiento insular y municipal que sea "único, preceptivo y vinculante", porque lo contrario sería vulnerar la normativa básica del Estado.

Por eso, para Nueva Canarias, esta pretendida simplificación va a ser en realidad una complicación y una judicialización de la Ley del Suelo si es recurrida al Tribunal Constitucional.

En cuanto al alcance de los planes insulares, Román Rodríguez consideró que al vaciarlos de competencias se produce no ya solamente una insularización del planeamiento, sino su "cantonalización" y municipalización.

"Se renuncia al proyecto común de Canarias y al proyecto de isla", ya que los planes insulares solo tienen competencias para equipamientos estructurales, pero no definen el modelo turístico ni el modelo de isla, argumentó.