Dícese del que tiene el derecho o la potestad de hacer leyes. En España, además del Congreso de los Diputados, diecisiete parlamentos autonómicos. Esto en cuanto a leyes propiamente dichas, ya sean orgánicas o no. Luego están los reglamentos que dan forma a la aplicación de esas leyes. Y además, para colmatar el asunto y poner al ciudadano y a las empresas a levitar en el éter, están todas las ordenanzas de los más de 8.000 ayuntamientos; y las directivas, reglamentos y decisiones que nos vienen de la Unión Europea.

Desde hace muchos años, todavía en vida de Franco, me lamentaba en algún escrito de la cantidad de leyes que producían nuestros diputados en Cortes y que, por entonces, generaban problemas de interpretación y colisión. Qué decir, pues, del tiempo actual. Ni antes, ni ahora, he conseguido entender que una vez sentenciado un asunto tras concluir el acto judicial correspondiente fuese, sea, necesario iniciar un nuevo proceso pidiendo la "ejecución de la sentencia". No he de ocultar que a efectos de asuntos jurídicos me considero un velillo. Pero esto no impide que sienta extrañeza. Y mucho más si cuando la sentencia se ve, se aprecia, con claridad.

Recientemente tenemos el caso de inhabilitación del Sr. Homs, diputado del PDCAT (antes Convergencia de Cataluña, con las sedes embargadas). Comunicada la sentencia le hemos oído decir que seguirá acudiendo a "su puesto en el Congreso con la cabeza bien alta". Y yo pensaba que, para ese momento, los ujieres y miembros de la seguridad tendrían ya, desde la comunicación de la sentencia, la orden correspondiente para no dejarle acceder al salón de Pleno ni a las salas de Comisiones. Y que sólo se le podría permitir el acceso a la galería de público si contase con invitación a tal fin. Pues parece que no. Tal parece que hace falta otra comunicación de la judicatura que explicite cómo se ha de llevar a efecto esa inhabilitación. Para mí es incomprensible.

Ello me trae el recuerdo, relativamente reciente, de la sentencia del TC comunicada al deshonorable señor Artur Mas, por "la consulta del 9N". Decía él que, además, debían haberle comunicado las consecuencias de aquella desobediencia. Y también recuerdo las múltiples peticiones a la judicatura de cómo se debía cumplir la sentencia de demolición del "mamotreto" en Las Teresitas. A lo peor es que el sistema legislativo y normativo es para que las cosas funcionen así. O no funcionen.

El último número de "La Gaveta económica", el 18, hace una pormenorizada exposición del fárrago de producción legislativa y normativa en que vivimos (o morimos) y que deviene de un trabajo de Corporación 5; La Gaveta lo titula "Hipertrofia legislativa". Me permito recomendar su lectura. A mí me ha resultado esclarecedor respecto de lo que he venido diciendo desde hace años.