Medio centenar de personas acudieron la tarde de ayer a la asamblea ciudadana convocada en la sede de la AV Azorín desde las plataformas 29E y Por la Dignidad. En principio "por un acceso digno a la comida en el municipio", aunque la cita tuvo un enfoque más amplio y la decisión final fue crear una coordinadora contra lo que calificaron de "criminalización" de la pobreza.

Lolo Dorta y Eloy Cuadra, dirigentes de los colectivos convocantes, fueron precedidos en el uso de la palabra por José Luis Guzmán, presidente de Azorín, cuyo local carece de luz. Dorta aludió a este hecho como "una represalia más del Ayuntamiento de Santa Cruz con las 19 asociaciones que forman 29E. A unas de una manera y a otras de otra, pero castigándolas porque desde hace algo más de un año estamos ahí denunciando y reclamando".

Guzmán reivindicó "activar el bono social aprobado en su día por el pleno y que aún no funciona, para superar un sistema de reparto de comida indigno". Recordó que "hoy (por ayer) se ha comenzado a aplicar en Barcelona".

Además de colectivos sociales, asociaciones vecinales, personas a título individual o concejales como Ramón Trujillo y Asun Frías, acudieron al acto afectados por esa "criminalización" que señaló Cuadra. Bien en forma desahucios "en los que se trata al okupa como delincuente", con cortes de servicios básicos como el agua y la luz o a través de "irregularidades que atentan contra la dignidad" en el reparto de comida. Se refirió sin nombrarla a la ONG Sonrisas del Suroeste, acusada de, entre otras cosas, "obligar a quienes son voluntarios", y que ha hecho pública a su vez una denuncia contra Dorta y Cuadra.

Ambos declararon no tener miedo "por decir la verdad y hacer públicos hechos de extrema gravedad". Dorta mostró desde su teléfono móvil imágenes de pollos podridos supuestamente repartidos recientemente por un colectivo. No faltaron las críticas al Banco de Alimentos, Bancoteide.

Alguna intervención apuntó a darle a la coordinadora el nombre de "Derechos Humanos en Canarias". La activista social Rosi Cubas tuvo un recuerdo para las personas sin techo que "son unos vecinos más" y apeló a denunciar las irregularidades en la justicia.

El bono social, "pero no de 80 euros porque ninguna familia vive con eso", o la renta básica fueron argumentos esgrimidos y dos las palabras más repetidas ayer en Azorín: unidad y dignidad.

Personas afectadas por distintas problemáticas sociales contaron su experiencia. Una joven vecina del Suroeste, con tres hijos y que vive sola de okupa explicó: "Mi madre está enferma y lleva casi un año sin luz en la vivienda. Y yo no puedo ayudarla". Otro caso, de actualidad, es el de Ana, que vive en El Draguillo con dos hijos menores a su cargo y carece de suministro eléctrico, cortado por impago hace 15 días. "Debía el recibo de diciembre- explicó- y me pagaron la mitad, 170 euros -Dorta aclaró que la ONG Nuevo Futuro- y el IMAS me dijo que no tenía derecho a ninguna ayuda, ni a esta ni a una cama nido que pedí porque mis hijos dormían en el suelo". Varios colectivos lanzaron el pasado domingo en las redes sociales una campaña para conseguir los otros 170 euros y, según dijo Dorta, "el reto está conseguido. La solidaridad popular ha vuelto a ganar ante las administraciones y, sobre todo, el concejal de Asuntos Sociales, Óscar García". Este último volvió a ser objeto de las críticas que han originado la recurrente petición de que dimita por parte de estos colectivos. Ana agradeció el gesto y terminó así: "Mañana, desde las 8:30, iré a pagar lo que debo para volver a tener la luz; o sea, la vida sin oscuridad".