El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido este jueves a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que "explique" como se ejecuta la sentencia judicial en la que se obliga a los empresarios areneros condenados a restaurar el espacio dañado en los barrancos de Güímar por extracción de áridos.
En declaraciones a ''Cope Canarias'' recogidas por Europa Press, ha dicho que ningún técnico de ninguna administración "es capaz" de determinar el "alcance, magnitud y cuantificación" de lo que recoge la sentencia. "Nadie sabe como se puede restaurar y cual es el alcance", ha agregado.
Clavijo ha admitido que la reordenación de los barrancos "no es fácil" porque hay "dificultades" para interpretar la sentencia, si bien ha dejado claro que el Gobierno de Canarias "no va a pagar dinero público".
El presidente ha criticado la "incoherencia" de PP, PSOE y Podemos al votar en el Parlamento algo contrario a lo que aprobaron en el Cabildo de Tenerife, y ha defendido la proposición de ley de la corporación insular porque abogaba por prohibir la extracción de áridos en la zona.
En relación a las indemnizaciones económicas, ha señalado que hay que compensar a los propietarios al expropiar su concesión minera, y la ley contemplaba la opción de hacer a través de aprovechamientos urbanísticos con el cambio de usos del suelo.