El exdirector de los Servicios Jurídicos del Gobierno canario Martín Orozco ha advertido hoy del riesgo de que resurja el pleito insular si se modifica el régimen electoral, pues afectaría al sistema político y exigiría la intervención de los cabildos, aunque una isla no podría vetarlo.

Martín Orozco realizó este consideración durante su intervención en la comisión parlamentaria que estudia la reforma del sistema electoral, en la que además comparecieron el exdiputado socialista Augusto Brito, quien advirtió sobre la necesidad de evitar "tensiones", y el abogado Juan José Rodríguez, quien subrayó que la triple paridad "hunde sus raíces" en la historia de la región.

Orozco, que es abogado del Estado, subrayó que en el régimen electoral canario "el elemento de la discordia" es la representación territorial, el número de escaños fijo por isla sin tener en cuenta su población, y precisó que este elemento tiene una legitimidad jurídica "incuestionable" como ha dictado el Tribunal Constitucional.

En su opinión, modificar el sistema electoral es modificar el sistema político ya que el Estatuto de Autonomía de Canarias "es un pacto a tres" entre el Estado, la Comunidad Autónoma y las siete islas entre sí, y alterar esto es alterar el pacto social subyacente, lo que es legítimo.

La cuestión es si después de 35 años han cambiado tanto las cosas para entender que la Comunidad Autónoma tiene ya un talante más regional que pluri-insular, pues modificarlo implica poner en riesgo la identidad del sistema.

A su juicio, cualquier modificación del sistema electoral requeriría un nuevo pronunciamiento del Parlamento en la medida en que afecta al propio sistema político y exigiría la intervención de los cabildos, pues afectaría a los poderes de Canarias y tendría una incidencia directa en las islas.

Martín Orozco consideró además "correcto" el que se puedan rebajar las barreras electorales pero se mostró en contra de una lista regional, pues a su juicio supondría diferenciar entre diputados regionales e insulares e introduciría una distorsión en el sistema.

En cuanto a las críticas sobre la representatividad de las fuerzas políticas "cuando hay desarraigo entre votos y escaños", se preguntó Orozco si es el sistema el que debe adaptarse a la estructura política o son los partidos los que deben adaptarse al sistema para un mayor rédito electoral.

El exparlamentario regional del PSC Augusto Brito consideró por el contrario que se dan actualmente las circunstancias para modificar un sistema electoral "injusto", que no representa adecuadamente a la ciudadanía y que corre cierto riesgo de pérdida de legitimidad.

Sin embargo, Brito llamó a evitar el riesgo de crear un problema mayor del que se trata de resolver, de crear tensiones, por lo que pidió un entendimiento amplio, una visión de horizonte político y que las fuerzas no sean cicateras.

"Construyamos un sistema razonable, prudente y sensato con una visión generosa y no cortoplacista", alentó Brito, quien animó a buscar "materiales para el acuerdo más que fórmulas cerradas o mágicas que vayan a resolver el problema de una tacada".

En su opinión el primer problema es la anomalía en la representación de La Palma y Fuerteventura, la primera con ocho diputados y 81.000 habitantes frente a siete parlamentarios de la segunda con 107.000 residentes.

Para resolver esta anomalía "inexplicable" propuso Brito otorgar un diputado más a Fuerteventura y no arrebatar uno a La Palma, una fórmula que origina "la menor tensión posible".

El segundo problema es el de las barreras electorales "excesivas" que se establecieron en 1996, cuando en el intento de impedir la tendencia a la insularización "se les fue la mano" y se produjo un daño mayor que el problema que trataban de resolver.

Para ello propuso Brito volver a las barreras originales en el Estatuto de Autonomía, el 3 por ciento regional y el 20 por ciento insular y recomendó no reducir más este último tope para evitar desestabilizar el sistema "con una jaula de grillos de partidos insulares".

El tercer problema es el déficit de proporcionalidad, que requiere un nuevo equilibrio territorio-población y que a su juicio se solventaría con una circunscripción regional y con una propuesta "políticamente incorrecta", la de aumentar en quince el número de diputados de la Cámara canaria.

En cuanto al coste, si todos tuvieran dedicación exclusiva supondría algo menos de 2 millones de euros anuales, entre 0,50 céntimos y un euro por habitante al año, por lo que opinó que "vale la pena" que se gaste esta cantidad para resolver el problema de representación del sistema político canario.

El abogado y periodista Juan José Rodríguez se preguntó al inicio de su intervención si "alguien se cree que la triple paridad es la culpable del atraso de Canarias en algunas cuestiones" cuando este concepto ni siguiera procede del Estatuto de 1982 y ya en el nacimiento de los cabildos en 1910 se defendía una asamblea regional con 24 representantes, doce de las islas mayores y doce de las menores.

En su opinión, el hecho de que La Palma haya perdido habitantes y no representación parlamentaria es algo que habría que arreglar pero quizás no de forma "tan urgente" y dijo que en todo caso el gran problema son las barreras electorales "muy altas".

Propuso por ello reducir la barrera regional del 6 al 3 por ciento e introducir tres insulares, una del 5 por ciento para las islas mayores, del 15 por ciento para las medianas y del 25 por ciento para las menores.

Por los grupos la diputada de CC-PNC Migdalia Machín afirmó que la triple paridad "es lo que nos marca como archipiélago", expresó su preocupación ante una posible "polarización" de posturas y pidió trabajar a partir de aquello en lo que hay acuerdo, que es bajar las barreras.

El socialista Manuel Marcos Pérez defendió una lista regional que de cohesión al archipiélago y en la que los electores votarían al candidato a la Presidencia del Gobierno regional, además de introducir una corrección en favor de Fuerteventura.

El parlamentario popular Asier Antona subrayó que no se puede culpabilizar y criminalizar a la triple paridad de los indicadores negativos en materia social de las islas y rechazó que haya un déficit democrático en la representación del Parlamento regional.

Luis Campos, de Nueva Canarias, consideró que se da el momento histórico y la madurez democrática para reformar el sistema aunque produzca "tensiones", pero también ofreció el máximo consenso posible y dijo que su formación será capaz de "ceder" para ver si otros también son capaces de moverse.

Por Podemos la diputada Concepción Monzón aseveró que la triple paridad se negoció en su momento "por unos pocos que decidieron un equilibrio de poderes oligárquicos", pues se venía "del centralismo y de la dictadura" y ahora "estamos en otra realidad".